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¡Se rompió la taza en el PLD!

Por Julio Alberto Martínez Ruiz
La aprobación en la Cámara Alta –en primera lectura– del proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, con la modalidad de las primarias abiertas y simultáneas, rompió la taza en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

A través de los hashtag (etiquetas en la red social Twitter) #EsaDecisiónGolpeaAlPaís y #PrimariasVanconReelección, enarbolados por la facción del ex presidente Leonel Fernández, se evidencia la inconformidad de quienes entienden que esa decisión aleja al exmandatario de la candidatura presidencial y abre las puertas de la reelección.

En contraposición, con el hashtag #PrimariasAbiertas, el grupo político del presidente Danilo Medina argumenta que la única vía para arrebatarle a las oligarquías partidarias el control de las candidaturas, transparentar los padrones de los partidos y eliminar de golpe y porrazo el clientelismo, es permitiéndoles a los ciudadanos y ciudadanas que participen en el proceso interno de los partidos.

Lo cierto es que las primarias abiertas nada tienen que ver con la posibilidad de una nueva postulación del presidente Medina, la metodología de selección de candidatos y candidatas a cargos electivos ni estimula ni detiene la posibilidad de que el actual Jefe de Estado se vuelva a presentar al electorado.

La historia política dominicana demuestra que un presidente en ejercicio –sin importar el mecanismo de elección– se alza con el santo y la limosna en un proceso interno de su partido. Al igual que, sería la crónica de una derrota anticipada, si un Congreso por capricho del Poder Ejecutivo modifica una Constitución por la simple razón de permitir que el gobernante de turno se perpetúe en el poder -en circunstancias económicas y sociales desfavorables- sin la bendición de lo que Lasalle denomina: “los factores reales de poder”. O, lo que comúnmente conocemos como: “los poderes fácticos”.

Tampoco es cierto que las primarias abiertas van a disminuir el clientelismo –vicio cultural que arrastramos desde la época colonial– debido a que las elecciones internas se convertirían en unas elecciones nacionales anticipadas, de las cuales naturalmente, saldría victorioso quien posea mayor capacidad de movilización a través de incentivos ideológicos y materiales.

Y, por supuesto, las primarias abiertas no reducirán el poder de las oligarquías partidarias, eso es un cuento chino, en toda organización siempre habrá una minoría organizada que se imponga y gobierne sobre la mayoría.

Desde Mosca hasta Pareto, los teóricos de la circulación de las élites y las oligarquías han arrojado luz al plantear que toda agrupación humana requiere una jerarquía, lo que implica que unos manden y otros obedezcan. Nunca la dirección política, militar, religiosa o económica será ejercida por la mayoría, por eso Michels afirmaba con gran acierto y elocuencia su famosa ley de hierro de la oligarquía: “quien dice organización dice oligarquía”.

Lo que constituye una verdad irrefutable y lo acaba de confirmar la reciente Convención del Partido Revolucionario Moderno (PRM) es que los partidos no tienen un padrón confiable, ni dirigencia capaz de organizar elecciones internas libres y transparentes.

En consecuencia, si los partidos no tienen árbitros ni padrón de electores reales, en la actual coyuntura electoral, no hay mejor árbitro que la Junta Central Electoral (JCE), unas primarias abiertas, simultáneas y con el padrón de electores de las elecciones nacionales, no solo dotarían de mayor legitimidad sus procesos internos, también permitiría sincerar la cantidad de miembros militantes y simpatizantes de las organizaciones políticas.

Pero lo que resulta risible es que quienes votaron –hasta con los pies– en el Sexto Congreso Prof. Juan Bosch del año 2000, para que el PLD flexibilizara la forma de ingreso al partido –eliminando los círculos de estudios– argumentando que el PLD debía: “abrirse a amplios sectores de la sociedad”, hoy se autoproclamen los más fervorosos defensores del Boschismo y prefieran romper la taza, antes que permitir la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos internos de los partidos.

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