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Alcaldes dominicanos: entre deudas, cárcel y la muerte

Por Waldys Taveras
La reducción significativa del ingresos real de las municipalidades dominicanas, como resultado de la reducción de su asignación presupuestaria de un 6.5% de los ingresos internos en el 2012 a un 2.1% en el 2019, los gobiernos locales del país, (ayuntamientos) están en la quiebra, sus alcaldes han contraído deudas de manera irregular en violación a la ley 176/07 del Distrito Nacional y los Municipios y de la Ley 06/2006 de Crédito Publico convirtiéndose más del 90% de ellos en reos de desfalco y prevaricación.

Por este motivo, si se les aplica la ley están destinados a ir a la cárcel, ser asesinados por los acreedores que confiaron en el al otorgar créditos que entendían legítimos, pasar por la difícil situación de sufrir una muerte moral, o decidirse por la muerte física por el suicidio para no someterse al escarnio del proceso judicial.
Violación a la Ley 176/07, de 2 a 5 años de Prisión.

Los ayuntamientos están en la obligación según el art. 20 de la Ley 176/07 prestar de manera obligatoria los siguientes servicios municipales: Cementerios y servicios funerarios, recolección tratamiento y disposición de los desechos sólidos, limpieza vial, reconstrucción y mantenimiento de calles, aceras, contenes, plazas, parques públicos, mercado, instalaciones deportivas, protección de medio ambiente, planeamiento urbano prevención y extinción de incendios.

La organización y la garantía de la prestación de estos servicios municipales, corresponde a los alcaldes como responsables del órgano ejecutivo del gobierno de la ciudad (art. 201 de la constitución).

Para realizar estas labores deben distribuir su presupuesto según el art. 21 de la Ley 176/07, de hasta un 25% de sus gastos en el servicio de personal (principalmente pago de salarios, dietas, viáticos y seguridad social del personal); hasta un 31% funcionamiento y mantenimiento de los servicios municipales (esencialmente en la recolección y disposición final de residuos sólidos, limpieza vial y de plazas, parques instalaciones deportivas, de la iluminación pública de los mercados y cementerios); al menos un 40% en gastos de infraestructura.

Según el párrafo IV de este artículo 21, la violación a este mandato de la ley conlleva sanciones de 2 a 5 años de prisión de 5 a 20 salarios mínimos y la inhabilitación para el servicio público para Alcaldes, Tesoreros y Contralores Municipales.

Con el presupuesto municipal actual, es imposible que las administraciones municipales cumplan con la prestación de estos servicios lo que las obliga a violar la ley para prestar los servicios fundamentales y endeudarse.

Cuando se aprobó la Ley 176/07 publique lo que entendí una crítica constructiva ¡EL Nuevo Marco Legal Municipal! al referirme a esta distribución del gasto en su Pág. 83 señalo: La forma en que este artículo de Ley establece los criterios del gasto y sus sanciones conlleva al necesario análisis de si con esta decisión estamos poniendo a los síndicos del país en el umbral de un proceso penal.

VIOLACION A LA LEY DE CREDITO PÚBLICO; PAGO PERSONAL DE LAS DEUDAS DE 1 A 10 AÑOS DE PRISION.

La Ley 06/2006 establece un procedimiento para contraer deudas y sanciones para los funcionarios públicos que contraigan deuda a nombre de las entidades públicas en violación a dicha ley que, según su art. 3, es obligatorio cumplir a los funcionarios de: Los ayuntamientos de los municipios y el Distrito Nacional.

Al definir la deuda publica el art. 4 de la ley 06/06 dispone que :

“Los efectos de esta ley se consideran Operaciones de Crédito Público:

  • a) La contratación de préstamos con las instituciones financieras bilaterales, multilaterales u otra que operan en los mercados de crédito nacionales o internacionales; (de lo que se desprende que las dudas contraídas por los Alcaldes con Cooperativas y Prestamistas no se pueden considerar deudas de los ayuntamientos)
  • b) La ejecución de contratos de bienes, obras o servicios cuyo pago total o parcial se estipule realizar en más de un ejercicio financiero posterior al que se haya efectuado el devengamiento del gasto; (de lo que deviene que las deudas de obras y servicios municipales para que puedan constituir deuda pública debe constar en el contrato que su pago total o parcial se realizara en años posteriores al año fiscal en que se firma el contrato, por lo que las deudas por servicio de aseo urbano, que estipulan un pago mensual cuyo monto está estipulado en el presupuesto tampoco puede en principio considerarse deuda pública).

La ley 06/6 también establece que las entidades autónomas del estado (entre las que se encuentran los ayuntamientos) no pueden contraer deudas sin autorización del Ministerio de Hacienda cuando en su artículos 20 dispone: Antes de iniciar cualquier gestión encaminada a concertar las operaciones de crédito público, definidas en esta ley y su reglamento, los organismos públicos comprendidos en el Artículo 3 de la presente ley deberán solicitar por intermedio de la Dirección General de Crédito Público la aprobación previa del Secretario de Estado de Finanzas, por lo que no son deudas publicas aquellas deudas contraídas en los ayuntamientos no aprobadas por el Ministerio de Hacienda.

Como restricción también el artículo 43 de la ley dispone que: No se puedan realizar operaciones de crédito público para financiar gastos operativos o de funcionamiento (y se debe entender como gastos operativos o de funcionamiento aquellas actividades que, como competencias de la entidad pública, le esta consignada en la ley y para cuya realización tiene una asignación presupuestaria.

Cuando señalo que las deudas contraídas por los Alcaldes sin que previamente estén aprobadas por el Ministerio de Hacienda y registradas en la Dirección General de Crédito Publico, lo sustento en esta disposición de la Ley de Crédito Publico Art. 46:

“Las operaciones de crédito público que violen las normas dispuestas en la presente ley se considerarán nulas y sin ningún efecto, sin perjuicio de la responsabilidad personal de los funcionarios que las realicen. Las obligaciones que se deriven de dichas operaciones no serán oponibles a los organismos establecidos en el Artículo 3 de la presente ley”.

Al pasar estas deudas a la responsabilidad personal de los funcionarios que la realicen, el que se endeuda por millones de pesos es un sujeto proclive al suicidio, o a la muerte por parte de su acreedor.

Cuando señalo que son sujetos de cárcel lo señalo en virtud de las disposiciones del Art. 47, de esta ley 06/06:

“Los funcionarios con capacidad para obligar a los organismos del sector público no financiero en razón de las funciones que ejerzan, que celebren o autoricen operaciones de crédito público, en contravención a las disposiciones de la presente ley, serán sancionados, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal y las leyes de la materia, con la destitución e inhabilitación para el ejercicio de la función pública durante un período de uno (1) a diez (10) años, sin perjuicio de las responsabilidades de tipo patrimonial o de otra naturaleza que correspondan”.

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