Unión empresarial emplaza a las autoridades a garantizar la competencia y movilización de carga pesada

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Denuncia amenazas graves a sus miembros, retención de vehículos y bloqueo de vías en Barahona.

Santo Domingo.- La Unión Empresarial Dominicana -UED-  emplazó a las autoridades policiales y del ministerio público a garantizar la debida protección a los empresarios que ajustados a la ley requieren de movilizar carga por todo el país.

Denunció que los miembros de esa organización, empresarios de diferentes ramas, son asediados y han sido amenazados por hombres que agrupados en Fenatrado monopolizan con métodos violentos el transporte de carga del país.

Eso ocurre “ante la mirada de las autoridades, que no obstante lo que dictamina la Constitución, las leyes y ordenan varias sentencias actúan con sospechosa indiferencia” expreso Diorys Pol, presidente de la organización.


Narró como en la mina de yeso en La Lista, Cabral, Barahona desde hace 3 días varias unidades pesadas están impedidas de salir de la misma cargadas de mercancía porque supuestos sindicalistas amparados en el miedo y la violencia bloquean las vías de acceso al lugar, demandando que sean ellos los contratados para suplir el transporte en un 100%.

“El yeso  se usa para abastecer el mercado local y para la exportación y esa industria peligra porque una empresa legal y seria como es el caso de Bansai, de los señores Emilio Berrizbeitia y Edwin Marcano es impedida de trabajar. Un hecho ilegal, absurdo, pero lamentablemente cierto.

Pol, responsabilizo al director de la policía en Barahona, general Jacinto Minaya y al Procurador Fiscal de esa demarcación  de lo que pueda ocurrir este lunes “no nos vamos a sentar, haremos valer el derecho que tenemos a movilizar nuestra mercancía”

“Como nos hablan de seguridad jurídica, cuando situaciones similares ocurren cada día en cualquier rincón del país”. Agrego el presidente de la UED, en rueda de prensa realizada en el local de la entidad de la capital dominicana. En la que se hizo acompañar por Omar Simo, Diana Rodríguez, Edwin Marcano, Joaquín Olivo, Geraldo Méndez, también directivos de la entidad.

Detalló que recientemente en el parque industrial Duarte de La Guayiga de Pedro Brand, la empresa Altamina, SRL, fue bloqueada, al igual que Agregado EM y Agregado Punta Cana en Higuey, también J. Olivo M.,  en el Distrito Nacional Alquiler de Equipos y Transporte  Campos en Santiago, Constructora Alba en Navarrete y Agregados Peravia  en Baní , Alba Sánchez, SRL, Ferrecentro, Altamina y Constructora Teddy en San Cristóbal, Block Gonzales en Azua, Transpol en Cotuí y Terramove en Villa Mella, Agregados Hermanos Contreras en San Francisco de Macorís , entre otras.

Explicó que la situación de monopolio que impera en el negocio de la carga pesada incrementa el costo de la producción hasta en un 45%, que finalmente  los paga el consumidor  y el gobierno.

Antecedentes

En su artículo 50, la Constitución de la Republica plantea la libertad de empresa  y la prohibición de los monopolios

“El Estado reconoce y garantiza la libre empresa, comercio e industria. Todas las personas tienen derecho a dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las prescritas en esta Constitución y las que establezcan las leyes”.

1. No se permitirán monopolios, salvo en provecho del Estado. La creación y organización de esos monopolios se hará por ley. El Estado favorece y vela por la competencia libre y leal y adoptará las medidas que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio y del abuso de posición dominante, estableciendo por ley excepciones para los casos de la seguridad nacional….”

Mientras que en diciembre del 2016 la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) del Distrito Nacional ordenó a las instituciones civiles y militares del Estado acabar con el monopolio existente en el país en el transporte de carga y de pasajeros.

Los jueces determinaron que con el incumplimiento de las leyes que prohíben el monopolio se afectan derechos fundamentales, tales como el derecho a la libre empresa, la facultad que tienen los ciudadanos de retirar cargas en sus vehículos en los puertos y aeropuertos, la libertad de tránsito y el derecho al trabajo, en detrimento de un sin número de ciudadanos y del propio Estado.

En la sentencia ordenaron al Ministerio de Trabajo, a la Policía, al Ministerio de Interior y Policía, a la Oficina Técnica de Transporte Terrestre y al Ministerio de Turismo hacer cumplir las leyes antimonopólicas.

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