Santo Domingo.- El jurista Jhon Garrido calificó como desproporcionada, sin base legal y no legítima la circular del Ministerio de Administración Publica que obligaría a los empleados públicos a presentar sus volantes de pago de los servicios de electricidad y agua.
Por ello, el experto en materia constitucional refirió que la Ley 41-08 de Función Pública ni la Ley 247-12 de Administración Pública dan facultad legal a las instituciones y sus titulares investigar e informarse si los empleados pagan o no los servicios públicos.
«Pedir esa información riñe con el derecho a la intimidad y privacidad que la Constitución protege en su artículo 44», puntualizó.
En ese sentido, Garrido recordó al ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, que la Constitución dominicana protege «la no injerencia del Estado y particulares en la esfera de la privacidad e intimidad».
