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Leonel Fernández plantea aplicar una política expansiva del gasto público

Santo Domingo. – Al presentar este martes su propuesta de Gobierno, Leonel Fernández, candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, dijo que de ganar las elecciones presidenciales aplicará una política expansiva del gasto público orientada a la construcción.
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Propuso como meta principal para el periodo 2020–2024, lograr una industria eléctrica eficiente y auto-sostenible.
“Nos proponemos incentivar nueva capacidad de generación, con la mayor presencia posible de gas natural y energía renovable. Igualmente, se concederá espacio importante a la energía fotovoltaica y termosolar”, dijo Leonel.
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Aseguró además que promoverá un Pacto por la Salud que permita, en el menor plazo posible, realizar, entre otras cosas, las inversiones en la construcción de nuevos hospitales; en las adecuaciones que sean necesarias; y en estructurar adecuadamente las Unidades de Atención Primaria y Centros de Atención Primaria, como verdaderos elementos de apoyo a la prevención y como puerta de entrada al Sistema Nacional de Salud.

A continuación el discurso íntegro de Leonel Fernández:

Señor Presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana,

Licenciado Celso Juan Marranzini

Distinguidos miembros directivos,

Apreciados candidatos presidenciales del Partido Revolucionario Moderno y Partido de la Liberación Dominicana,

Señoras y señores:

Me permito, en primer término, expresar mi gratitud por la gentil invitación que me hiciese esta prestigiosa institución para participar en la conferencia sobre Políticas Industriales: La Propuesta de los Candidatos.

Habría preferido una metodología en la que en lugar de una mera y simple exposición, hubiese habido un mecanismo más dinámico de intercambio de ideas entre los expositores.

En todo caso, valga la ocasión para compartir con ustedes nuestros puntos de vista y perspectiva acerca de los retos y oportunidades que tiene la República Dominicana, especialmente su sector industrial, para en medio de la actual incertidumbre generada por el COVID-19, podamos continuar por un camino seguro de estabilidad, progreso y prosperidad.

Conviene recordar que desde hace 50 años, estos es, desde la década de los 70 del siglo pasado, la República Dominicana, salvo casos excepcionales, ha venido creciendo en forma sistemática a un promedio de más del 5 por ciento anual.

Todo eso, por supuesto, ha contribuido a una notable expansión de la economía de nuestro país, convirtiéndose en fuente de inspiración y reconocimiento por parte de otros países de América Latina y del Caribe.

Sin embargo, a pesar de haber tenido tan altas tasas de crecimiento durante tan largo periodo de tiempo, no se ha logrado aún generar los empleos que el país necesita, ni la reducción de pobreza, ni los niveles de desigualdad, ni la calidad de educación, ni el acceso al sistema de salud, ni de justicia que la población demanda.

Nuestro sistema necesita mayores niveles de competitividad, productividad e innovación. De igual manera, ser más equitativo e incluyente. Reclama una participación más activa de los jóvenes y de las mujeres en la vida pública; y un mayor compromiso con valores cívicos.

A pesar de la necesidad de una nueva ola de transformaciones en la República Dominicana para superar las carencias y necesidades del actual modelo económico y social prevaleciente en el país, ahora resulta que esa transformación se hace aún más urgente debido al impacto sanitario, económico y social generado por la pandemia del nuevo coronavirus, COVID-19.

Frente a esa situación, el fortaleciemineto del sistema sanitario de nuestro país se convierte en una prioridad. Para eso, procederemos, en principio, a aplicar un plan de contingencia centrado en la prevención.

Nos enfocaremos en aplicar, real y efectivamente, pruebas masivas de diagnóstico de Coronavirus, a los fines de contener su expansión; en observar, monitorear y dar seguimiento a los pacientes recluidos en sus hogares, a través de una aplicación digital; en equipar, de manera apropiada, nuestros centros de salud; y en proveer de medios de bioseguridad e incentivos a todo el personal sanitario.

Promoveremos un Pacto por la Salud que permita, en el menor plazo posible, realizar, entre otras cosas, las inversiones en la construcción de nuevos hospitales; en las adecuaciones que sean necesarias; y en estructurar adecuadamente las Unidades de Atención Primaria y Centros de Atención Primaria, como verdaderos elementos de apoyo a la prevención y como puerta de entrada al Sistema Nacional de Salud.

Vamos a implementar un plan para disminuir la mortalidad neonatal, materno-infantil, así como la detección temprana de enfermedades como la diabetes, la obesidad y la hipertensión arterial.

En el corto plazo y como resultado del Covid-19, desde el punto de vista económico, se proyecta que los ingresos del Estado caerán aproximadamente en un 4 por ciento respecto a los del 2019, y en un 15 por ciento, en relación al presupuesto del 2020.

Los gastos del gobierno anunciados hasta ahora, en los Programas Quédate en Casa, FASE y Pa’TI, podrían alcanzar 60 mil millones de pesos.

Por tanto, podemos estimar un déficit de más del doble del presupuestado (casi 6 por ciento del PIB) y una necesidad de financiamiento de cerca del 9 por ciento del PIB, es decir, unos 165 mil millones de pesos por encima del déficit de 246 mil millones, previstos en el presupuesto.

Para cubrir ese déficit resulta urgente gestionar fondos de los organismos internacionales con menores condicionalidades, para amortiguar el efecto de los empréstitos en el servicio de la deuda, ya de por sí demasiado elevada.

Para estimular la reactivación y el crecimiento de nuestra economía, aplicaremos una política expansiva del gasto público, orientada fundamentalmente a la construcción y reparación de viviendas de bajo costo, de acueductos, plantas de tratamientos de aguas residuales, drenaje pluvial, así como canales de riego y pozos tubulares.

Vamos a relanzar los incentivos fiscales a la inversión y reinversión de utilidades que creen empleo en el corto plazo, no solo en el marco del pacto fiscal, sino también extendiendo los beneficios de disposiciones legales, como la de ProIndustria.

Crearemos un fondo de garantía que permita a la industria y a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), obtener financiamiento con las mejores condiciones; y propondremos a las autoridades monetarias y financieras una modificación del Reglamento de Evaluación de Activos para facilitar el crédito a los sectores productivos.

Promoveremos una amnistía fiscal amplia, que permita a las empresas y a las personas trabajar sin contingencias fiscales. Dictaremos un conjunto de decretos y reglamentos para simplificar trámites tributarios; y someteremos una ley de bancarización que permita en el futuro cercano estimular al sector informal de nuestra economía, pasar a una etapa de formalización.

Impulsaremos la aplicación de la ley de garantías mobiliarias; apoyaremos a las empresas que por razones relacionadas con la crisis, se acojan a la Ley de Reestructuración Mercantil, negociando sus obligaciones con el fisco en condiciones favorables para ellas.

Esta crisis del COVID-19, que es de múltiples dimensiones, está generando un criterio entre las naciones, a nivel mundial, de mirar hacia adentro. Esto significa que están utilizando mecanismos que contribuyen a una reactivación de los sectores productivos nacionales, en lugar de incentivar las importaciones de bienes y servicios.

En nuestro caso, por consiguiente, se hace imprescindible contar con un sector productivo agrícola e industrial nacional fuerte. En tal virtud, procederemos a una modificación de la Ley de Compras y Contrataciones, en base a la cual todas las instituciones estatales se encuentren obligadas a adquirir un mínimo del 30 por ciento de sus compras en bienes producidos en el país.

Durante nuestro último período de gobierno promovimos la elaboración del Plan Nacional de Competitividad Sistémica de la República Dominicana, que veía en la industria uno de los principales motores de crecimiento en el país.

Como consecuencia de ese plan, surgió la Ley de ProIndustria, que ha desempeñado un papel clave en la creación de incentivos para la expansión de nuestro sector industrial; y es por eso que en estos momentos estamos de acuerdo en apoyar la aprobación del proyecto de ley que actualmente cursa en el Congreso Nacional para adecuar dicha ley y facilitar la reconversión industrial.

Ahora bien, al apoyar la extensión de los incentivos de la Ley de ProIndustria, debemos evitar en caer en incoherencias. Constituye una incoherencia, por ejemplo, el hecho de que el actual gobierno, al someter un proyecto de ley para prorrogar los incentivos de la Ley de ProIndustria, por otro lado dispone, sin embargo, en la Ley de Presupuesto, gravar con ITBIS los bienes que no estan sujetos al pago de dicho impuesto.

Es más, en la modificación a la Ley de ProIndustria, deberíamos incluir la creación de nuevos incentivos para facilitar la adquisición de equipos y maquinarias; la obtención de certificaciones industriales y la ampliación de sus instalaciones.

Compartimos la filosofía de esta asociación en el sentido de que el sector industrial debe contar con políticas activas de encadenamiento productivo. Que debe haber una mayor integración dentro del mismo sector, pero de igual manera con otros sectores, como por ejemplo, el agropecuario, el turismo, las zonas francas y la construcción.

Un mayor encadenamiento productivo conduce a mayores fuentes de empleo y a la creación de nuevas oportunidades empresariales. Para hacer efectivo el aporte del gobierno a una política activa de fomento a los encadenamientos productivos, resulta importante promover una reforma institucional de todas las entidades que intervienen en la política industrial. Esto así, para que sean más eficientes y puedan existir instancias permanentes de colaboración institucional.

El sistema institucional del sector industrial dominicano está muy disperso. No existe una concentración de acciones que impacten de forma positiva el aparato productivo. Tenemos más de 10 instituciones públicas y privadas alrededor del sector y todas, o hacen lo mismo o no hacen nada, por fortalecer el aparato industrial.

Debe crearse un instrumento de gobernanza o dirección que paute el proceso a seguir por la industria dominicana.

En el Programa de Gobierno de la Fuerza del Pueblo, elaboramos siete pilares para una nueva etapa de transformaciones, en distintos ámbitos, en el país. Uno de ellos se refiere a la creación de un nuevo paradigma de innovación y competitividad.

Para hacer efectiva esa propuesta, se requiere la formación de miles de técnicos en ingeniería de software, robótica, biotecnología, nanotecnología, realidad virtual aumentada, así como de otras tecnologías emergentes.

Eso nos proponemos realizarlo a través de nuestras instituciones de educación superior, de la continuación de nuestro programa de becas en el exterior; y la expansión del Instituto Tecnológico de Las Américas.

En nuestra gestión, el Cuerpo Diplomático estará al servicio de la promoción del país y de sus productos. Daremos apoyo para trabajar conjuntamente con el sector privado, para entrenar a nuestros productores agropecuarios en el cumplimiento de las normas fitosanitarias.

De igual manera, apoyaremos al sector agropecuario para garantizar la seguridad alimentaria de nuestra población. Para eso recibirá todo el apoyo para el financiamiento, investigación, y siembra de especies con mayor productividad.

En nuestro Gobierno, la minería será una actividad prioritaria. Estamos conscientes de la necesidad de explotar nuestros recursos mineros, pero aspiramos a una industria extractiva que opere en armonía con el medio ambiente y aporte, para impulsar su desarrollo, una parte importante de los beneficios, a las comunidades donde operen las empresas.

El Covid-19 ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de las cadenas internacionales de suministro, y la República Dominicana, debido a su estratégica posición geográfica, podrá beneficiarse de la inevitable recomposición geoestratégica que se generará.

Por esas razones, planteamos la conversión del Parque Cibernético de Santo Domingo en el Corredor Tecnológico de Las Américas, para lograr de esa manera, la instalación de empresas de alta tecnología, lo que significa la aplicación de un modelo de desarrollo de capital intensivo, con fuerte base tecnológica.

Para que la República Dominicana pueda mejorar su competitividad, incrementar sus exportaciones y captar nuevas inversiones, debemos, entre otras políticas, adoptar las siguientes:

Primero, vincular la política industrial a la política comercial, con el propósito de promover el crecimiento y desarrollo de nuestras industrias, que no solo sustituya importaciones de bienes finales, sino que los produzca, así como también bienes intermedios, destinados al mercado internacional.

Segundo, fortalecer y dinamizar el Banco Nacional de las Exportaciones.

Tercero, establecer de manera definitiva y total el sistema de ventanilla única.

Y cuarto, modernizar y actualizar los puertos, aeropuertos y las aduanas del país.

Con la contracción de la demanda mundial, debido al impacto del COVID-19, muchos sectores cuentan actualmente con una sobrecapacidad instalada. Debido a eso, existe el legítimo temor de que surjan prácticas desleales al comercio, como el dumping.

Ante una situación como esa, ¿Cómo prodríamos defender los productos nacionales de prácticas desleales al comercio provenientes de terceros países?

Para responder a esta interrogante, hay que recordar que la República Dominicana es miembro de la Organización Mundial del Comercio, y dentro de ese marco defenderemos a los productores locales de prácticas desleales.

No vamos a propiciar la realización de importaciones que muchas veces afectan y llevan a la quiebra al productor local. Por el contrario, fortaleceremos la Comisión de Defensa Comercial.

Mejoraremos el sistema de Monitoreo-Alerta temprana, para detectar posibles prácticas comerciales desleales en las importaciones en coordinación con la Dirección General de Aduanas; simplificaremos los procedimientos de presentación de solicitudes de investigación de parte del sector productivo nacional; y se contará con canales abiertos para consultas periódicas, a los fines de observar el comportamiento de productos que eventualmente podrían ser objeto de aumento súbito de importaciones.

Con respecto a la economía circular, trabajaremos en la elaboración de una Estrategia Nacional de Economía Circular, luego de un proceso de concertación entre diversos actores del sector público y privado, del área académica y la sociedad civil.

Esa estrategia estará relacionada con productos que han agotado su ciclo de vida y que pueden ser, sin embargo, transformados en nuevos productos, mediante la innovación tecnológica, la colaboración y la creación de nuevos modelos de negocio.

Crearemos una institución encargada de desarrollar la economía circular, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, cuyo objetivo central será promover políticas públicas orientadas a incentivar las nueve Rs, es decir, repensar, reutilizar, reparar, restaurar, re-manufacturar, reducir, re-proponer, reciclar y recuperar productos desechables.

Aprovecharemos, mediante alianza público-privada, los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) para la producción de energía, lo que permitirá la eliminación de los contaminantes vertederos que rodean nuestras ciudades.

Estamos conscientes que a esta Asociación de Industrias de la República Dominicana le preocupa, para el mantenimiento de la competitividad y productividad del sector, el adecuado funcionamiento del sistema eléctrico nacional.

Sobre este particular, el gobierno de la Fuerza del Pueblo se propone como meta principal para el periodo 2020–2024, lograr una industria eléctrica eficiente y auto-sostenible.

En tal sentido, nos proponemos incentivar nueva capacidad de generación, con la mayor presencia posible de gas natural y energía renovable. Igualmente, se concederá espacio importante a la energía fotovoltaica y termosolar.

A los fines de lograr una efectiva disminución de las pérdidas de energía, trabajaremos en un aumento de las cobranzas y en una baja en los gastos operativos, de acuerdo a los estándares internacionales.

Se aplicarán acciones para disminuir sus costos operativos. Se invertirá en nuevas redes, en subestaciones, y en medidores prepagos.

Se implementarán auditorías de costos. Se aplicará un esquema gerencial orientado al cliente. Habrá un mayor abastecimiento a los usuarios del servicio. Mejorará la calidad. Se producirá un aumento de su eficiencia; y habrá una racionalización de gastos.

Para la actualización e implementación del Plan de Expansión de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), se requerirá de una línea de transmisión a 345 kV desde Pepillo Salcedo (Montecristi) hasta la subestación El Naranjo de Santiago.

La región Este también necesitará la construcción de una línea de transmisión a 345kV, desde el municipio de Guerra hasta San Pedro de Macorís.

En lo que respecta a Punta Catalina, a los fines de garantizar, para este tipo de tecnología, unos parámetros medioambientales adecuados, procederemos a lanzar un proceso de licitación pública internacional para su operación y mantenimiento.

Como puede apreciarse, son muchos los retos que tiene por delante el país como consecuencia del impacto del COVID-19. Pero, de igual manera son muchas las oportunidades que se nos presentan en el horizonte para reactivar el crecimiento de nuestra economía, generar nuevos empleos y fomentar el desarrollo sostenible.

En ese proceso, el sector industrial tendrá un rol protagónico que desempeñar, al encontrarse en el corazón mismo del sistema productivo nacional. La Fuerza del Pueblo se sentiría más que honrada en acompañarle a transitar por un camino seguro de progreso y prosperidad incluyente, en beneficio del pueblo dominicano.

Muchas gracias.

Buenas noches.

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