“Traje a la medida”, hicieron los acusados, según el expediente acusatorio del Ministerio Público
Santo Domingo.- En la acusación formal para el auto de apertura a juicio en contra Jochi Gómez, Hugo Beras y otros imputados, tipifica como sabotaje, terrorismo y estafa contra el Estado dominicano, los delitos que habrían incurrido en el contrato para la red semafóricas en Santo Domingo, a través del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y el Ministerio de Defensa de la República Dominicana.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), con apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, concluyeron la investigación, y califican como “un traje a la medida”, el pliego de condiciones dentro de la empresa beneficiaria, adaptando los requerimientos técnicos a las capacidades del oferente escogido.
Indica que fue creada de forma deliberada “una organización delictiva integrada por funcionarios y civiles con antecedentes en maniobras ilícitas, con división funcional y permanencia en el tiempo”.
La investigación abarca diversas líneas delictivas, incluyendo “corrupción administrativa, fraude en las contrataciones públicas, estafa contra el Estado, sabotaje a infraestructuras críticas, contrabando, falsificación, delitos de alta tecnología, delitos tributarios, actos de terrorismo en infraestructura crítica y lavado de activos, en perjuicio del Estado dominicano, a través del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y el Ministerio de Defensa de la República Dominicana.
En el expediente acusatorio,, además de Hugo Marino Leopoldo Beras Goico Ramírez, exdirector del Intrant, y José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), propietario de las empresas Aurix y Dekolor, SRL: están Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, Pedro Vinicio Padovani Báez, Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Ario Feliz Casso.
tambien incluye las empresas: Transcore Latam S.R.L., AURIX S.A.S., INPROSOL S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PAGORD XCHANGE S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L., Dekolor S.R.L.
Accesos privilegiados, lavado de activos y acciones encubiertas
El Ministerio Público, en su acusación, dice haber comprobado que, a través de contratos y convenios irregulares suscritos con las empresas Dekolor S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L. y Transcore Latam S.R.L., se otorgó a dichas entidades acceso privilegiado y control operativo sobre sistemas críticos, los cuales fueron utilizados para manipular, desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de encubrimiento y lavado de activos. Estas acciones vulneraron los principios de transparencia, seguridad tecnológica y legalidad administrativa, configurando un riesgo grave para el funcionamiento institucional y la seguridad del Estado dominicano.
Argumenta que el Intrant es una institución estratégica para la seguridad nacional, por lo que las irregularidades en la contratación, gestión o manipulación de sus sistemas de control de tráfico y vigilancia no solo generan daños patrimoniales al Estado, sino que también comprometen la integridad de los servicios esenciales y la confianza pública en las instituciones.
Ministerio de Defensa
La investigación, según el Ministerio Público, se comprobó que, bajo un acuerdo de cooperación suscrito con la empresa Aurix S.A.S., se facilitó el acceso no autorizado a plataformas interconectadas de videovigilancia y control, las cuales fueron utilizadas como instrumentos de espionaje y encubrimiento patrimonial, vulnerando los principios de legalidad, confidencialidad y seguridad del Estado dominicano.
“El elemento común en todas las irregularidades detectadas lo constituye José Ángel Gómez Canaán (Jochi), quien, de manera directa y a través de prestanombres, mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las empresas Dekolor S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Transcore Latam S.R.L. y Aurix S.A.S.. Bajo su dirección, estas entidades conformaron un entramado criminal orientado a la estafa contra el Estado, el lavado de activos, el sabotaje tecnológico y la apropiación ilícita de fondos públicos, consolidando su control sobre infraestructuras críticas y recursos estratégicos de la administración pública”.
A continuación citamos textualmente estos datos del expediente acusatorio:
Características verificadas de la estructura criminal
▪ Creación deliberada de una organización delictiva integrada por funcionarios y civiles con antecedentes en maniobras ilícitas, con división funcional y permanencia en el tiempo.
▪ Selección previa del oferente antes de la publicación de la licitación, garantizando que el resultado estuviera decidido de antemano.
▪ Elaboración del pliego de condiciones dentro de la empresa beneficiaria, adaptando los requerimientos técnicos a las capacidades del oferente escogido (“traje a la medida”).
▪ Entrega del control operativo del sistema semafórico a una persona con antecedentes de uso ilícito de información estatal, comprometiendo la seguridad nacional.
▪ Relación personal y de confianza entre el director ejecutivo del INTRANT y el beneficiario principal del esquema, evidenciada por frecuentes encuentros sociales y familiares.
▪ Utilización de un contrato ilegal suscrito con el Ministerio de Defensa en 2020, para acceder a información sensible del Estado y facilitar la importación de equipos de uso reservado para organismos de inteligencia y seguridad.
▪ Ingreso irregular de tecnología de uso militar, bajo cobertura de acuerdos fraudulentos.
▪ Adulteración de un arma de fuego registrada, convirtiéndola en arma de guerra.
▪ Ocultamiento intencional de las observaciones técnicas y administrativas que advertían irregularidades en el proceso.
▪ Desafío al órgano de control, mediante recursos e impugnaciones con el fin de legitimar el fraude.
▪ Usurpación de identidad institucional, instalando cámaras y sistemas de monitoreo bajo la apariencia de agencias estatales de seguridad.
Control total del sistema de videovigilancia y semaforización, lo que permitió acceso indebido a información estratégica del Estado.
Ejecución de amenazas mediante sabotaje a la red semafórica del Gran Santo Domingo en agosto de 2024.
Ejecución contractual excedida, en violación de los límites del pliego y del contrato.
Uso de identidades falsas de personas y empresas para simular competencia.
Creación de consorcios ficticios para aparentar pluralidad de oferentes y encubrir colusión.
Montaje de una red de espionaje satelital y telefónico, incluyendo el uso de drones para vigilancia ilícita.
Extracción ilegal de datos y comunicaciones con fines de control y coacción.
Ataques a infraestructuras críticas del Estado, afectando la movilidad y seguridad ciudadana.
Gestiones administrativas y judiciales fraudulentas para revertir la suspensión del contrato.
Adquisición de bienes suntuarios y vehículos blindados, incompatibles con los ingresos declarados.
Lavado sistemático de los activos obtenidos, mediante sociedades vinculadas como OML Inversiones, Transcore Latam, Pagord Xchange, Dekolor y Aurix S.A.S.
Obstrucción e infiltración de las investigaciones, valiéndose de contactos institucionales y conocimientos técnicos.
