Santo Domingo.- El abogado Miguel Valerio, representante legal de Antonio y Maribel Espaillat, valoró como jurídicamente pertinente la decisión adoptada por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, la cual impuso una garantía económica de 50 millones de pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país a los propietarios del establecimiento Jet Set Club, como medidas de coerción no privativas de libertad.
Los hermanos Espaillat enfrentan actualmente un proceso penal bajo la imputación provisional de homicidio involuntario, como consecuencia del colapso del techo del referido centro de entretenimiento, ocurrido el pasado 8 de abril y que provocó la muerte de más de 230 personas y lesiones a más de 180.
Valerio subrayó que el proceso se encuentra en una fase preliminar donde se manejan imputaciones por imprudencia, descartando que se trate de un caso de dolo o crimen organizado. “La propia magistrada reconoció que estos son hechos que, lamentablemente, pueden ocurrir sin mediar intención criminal. Nos encontramos ante una calificación jurídica sujeta a revisión conforme avance la investigación”, explicó.
Avances en la reparación civil
Desde la óptica del cumplimiento de sus deberes civiles, el abogado informó que ya se han suscrito acuerdos de reparación con al menos 40 víctimas o sus familiares, contemplando asistencia económica, apoyo psicológico y respaldo educativo para menores de edad afectados por el suceso.
“La familia Espaillat ha mostrado un compromiso integral con la verdad y la justicia, sin escudarse en tecnicismos ni evadir su responsabilidad. Lo han hecho con discreción y respeto hacia las víctimas”, afirmó Valerio.
Espera de informe técnico y garantías procesales
El jurista también indicó que se encuentran a la espera del informe pericial estructural a cargo del Ministerio Público, el cual determinará las condiciones reales del inmueble y su historial de mantenimiento. “Una vez tengamos los resultados del peritaje, se establecerá la posición definitiva de la defensa técnica”, agregó.
En cuanto a las medidas cautelares impuestas, Valerio reiteró su crítica al uso indiscriminado de la prisión preventiva como única herramienta de coerción. “Nuestro ordenamiento jurídico reconoce otras figuras para garantizar la comparecencia al proceso, como ha quedado demostrado en este caso. La fianza, por ejemplo, ha sido debidamente cumplida por mis representados, quienes no tienen intención alguna de sustraerse del proceso”, puntualizó.
Finalmente, defendió la trayectoria personal y profesional de Antonio Espaillat, calificándolo como una persona seria, trabajadora y colaboradora con la justicia. “Ha comparecido a cada citación y mantiene la voluntad de esclarecer los hechos, enfrentando tanto las consecuencias civiles como, en caso de ser determinado por los tribunales, las penales”, concluyó.
