Santo Domingo.– El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, emitió contundentes declaraciones este martes al advertir que los legisladores que no hayan completado su declaración jurada de bienes no recibirán su salario correspondiente al mes de julio. Asimismo, denunció una campaña de “francotiradores” contra el Congreso Nacional, específicamente dirigida a desacreditar los esfuerzos para aprobar el nuevo Código Penal.
Depuración obligatoria ante la Cámara de Cuentas
Durante su intervención, Pacheco refutó una reciente nota de prensa emitida por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), que señalaba que 133 diputados no han entregado su declaración jurada, tal como exige la Ley 311-14. El legislador calificó dicha información como “falsa de toda falsedad” y aclaró que el número real de diputados activos con estatus de “incompletos” es de aproximadamente 34.
“Muchos iniciaron el proceso, pero lamentablemente se descuidaron. Sin embargo, eso no exime su responsabilidad legal”, expresó el legislador.
De forma categórica, Pacheco informó que a partir de julio no se procesarán los pagos a ningún diputado que no haya regularizado su estatus ante la CCRD. “La nómina de este mes está lista, pero para el próximo mes, si no han completado su declaración, no cobrarán. Así de claro”, subrayó.
También aseguró que en el Senado de la República todos los legisladores en funciones han presentado su declaración jurada. Los rezagados, en su mayoría, corresponden a exdiputados y exsenadores, fuera ya del alcance administrativo del Congreso actual.
Ataques mediáticos y “francotiradores” contra el Congreso
Pacheco también criticó duramente a ciertos sectores de la sociedad y medios de comunicación a quienes acusó de “descuartizar” al Congreso con informaciones inexactas.
“Le pido a esos distinguidos francotiradores que nos permitan trabajar. Tenemos una agenda cargada de proyectos importantes que requieren atención y seriedad”, manifestó el legislador, sin identificar específicamente a los sectores responsables de los ataques.
Una de las principales críticas, según Pacheco, gira en torno al proyecto de reforma del Código Penal, el cual ha sido objeto de controversia por su prolongada discusión y los cambios introducidos por una comisión bicameral que ha intensificado su estudio en las últimas semanas con sesiones extendidas de hasta tres veces por semana.
Código Penal: ¿avance necesario o prisa indebida?
El debate sobre el Código Penal ha generado posiciones encontradas. Mientras algunos sectores consideran que el Congreso está acelerando indebidamente la aprobación de una pieza compleja y con múltiples aristas éticas y jurídicas, otros reclaman su urgente modernización.
Entre estos últimos se encuentra la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, quien el pasado domingo instó a los legisladores a aprobar cuanto antes el nuevo Código, argumentando que el marco legal vigente —aprobado en 1884— está completamente desfasado.
“Tenemos un sistema jurídico que ya no responde a las necesidades del presente. La ausencia de figuras modernas como el dolo eventual o el concurso ideal de delitos impide una persecución penal eficaz y proporcional”, indicó Reynoso.
La procuradora valoró, además, el compromiso asumido públicamente por los presidentes del Senado, Ricardo de los Santos, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quienes han reafirmado su disposición a avanzar en la aprobación del nuevo código.
Una batalla por la credibilidad y la institucionalidad
Las declaraciones de Pacheco evidencian la tensión existente entre los poderes públicos y sectores sociales en medio de un proceso legislativo clave. Por un lado, el Congreso intenta recuperar credibilidad ante la opinión pública exigiendo transparencia a sus miembros; por el otro, se enfrenta a cuestionamientos por la forma y el ritmo con que impulsa reformas sensibles como la del Código Penal.
Mientras tanto, la ciudadanía observa con atención el desarrollo de estos acontecimientos que impactan directamente la institucionalidad, el acceso a la justicia y la ética en el ejercicio público. La próxima sesión legislativa y las decisiones que se adopten marcarán un punto de inflexión tanto en la lucha contra la impunidad como en el rumbo de la legislación penal en la República Dominicana.
