Santo Domingo.- El abogado Ángel Lockward aclaró este jueves que su intervención en el conflicto entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y la empresa Dekolor, S.R.L., no responde a ninguna mediación personal o empresarial, sino al cumplimiento de un mandato legal vinculado al tratado DR-CAFTA, tras recibir una solicitud de una empresa extranjera que alegaba violaciones en el proceso de licitación del organismo.
También reveló la recomendación que ofreció a Morrison en torno a las múltiples objeciones que pesan sobre la licitación en cuestión: “Lo único que yo le sugerí al señor Morrison fue, casi como un padre lo hubiera hecho con su hijo, yo le sugerí: convoca a todos los oferentes. Hay tantas objeciones. Pero las objeciones yo no me las estoy inventando, él mismo dice ahí que hay 4 o 5 objeciones. Ahí hay 5 compañías con objeciones, con recursos”.
Al hablar con la prensa, Lockward expuso, además, una serie de observaciones relacionadas con los recursos públicos destinados a saldar la deuda con Dekolor, afirmando que el propio Morrison solicitó al presidente el desembolso de una suma a favor de la compañía.
“El señor Morrison le pide al presidente, mediante esta carta, le pide al presidente, a través de Paliza, un dinero que le adeuda a Dekolor, cuenta 228,706, esa es la cuenta, le debe un dinero. Ustedes saben que la licencia se paga de una vez, si se paga de una vez fue porque usaron el dinero para otra cosa”, afirmó.
Sin embargo, Lockward advirtió que, al recibir esos fondos, los mismos pasan a formar parte del presupuesto nacional, lo que impide cualquier tipo de modificación sin la debida autorización legal.
“Ya eso en la cuenta de Dekolor pasa a ser parte del Presupuesto General de la Nación. Ustedes lo pueden buscar, este es el Presupuesto General de la Nación, el capítulo que tiene que ver con el INTRANT. La partida que corresponde a Dekolor llegaron a apropiar ahí 2,051 millones, para pagar la deuda y el año presente, el año corriente. Este es el Presupuesto General de la República. De ahí nadie puede hacer transferencias de partidas, porque hacer transferencias de partidas sin autorización constituye el uso incorrecto de los fondos públicos, y eso es lo que se llama desfalco”, dijo.
