El movimiento advierte que recorrerá los barrios “puerta por puerta” si no se cumple el plazo, mientras el Gobierno recuerda que las acciones migratorias son competencia exclusiva de las autoridades y refuerza la vigilancia en el sector.
Por Darwin Feliz Matos
Santo Domingo Este.— La Antigua Orden Dominicana anunció este domingo un ultimátum de diez días para que ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular abandonen los sectores Los Mina, Vietnam y Katanga, durante una marcha convocada en rechazo a la migración irregular y en demanda de justicia por el asesinato de un adolescente de 14 años.
La advertencia fue emitida por el vocero y fundador del movimiento, Angelo Vásquez, quien aseguró que, de no cumplirse el plazo, el grupo realizará acciones directas en la zona.
“Vamos a anunciar un plazo de diez días. Si no se cumple, iremos barrio por barrio”, expresó durante su intervención ante los manifestantes.
Vásquez llamó a la unidad de los dominicanos dentro y fuera del país, al sostener que la movilización busca “defender la soberanía nacional” y presionar a las autoridades para que fortalezcan los controles migratorios. Asimismo, afirmó que el recorrido de la marcha abarcaría distintas barriadas de Los Mina y concluiría en las cercanías de la vivienda del adolescente fallecido.
Reclamo de justicia
La protesta se produce tras la muerte violenta de Nauriel Misael Medina, de 14 años, quien, según versiones comunitarias, fue atacado presuntamente por dos ciudadanos haitianos. El hecho ha generado indignación y temor entre residentes, que demandan mayor presencia policial y respuestas judiciales.
Durante el acto, Vásquez exigió que los responsables sean procesados “con todo el peso de la ley” y responsabilizó a las autoridades por presunta negligencia en el control migratorio. “Si Migración hiciera su trabajo, ese joven estuviera vivo”, afirmó.
Postura oficial
Frente al ultimátum, las autoridades recordaron que las acciones migratorias son competencia exclusiva del Estado. La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, enfatizó que solo las instituciones oficiales tienen potestad legal para ejecutar medidas de interdicción o desalojos.
En la misma línea, la Dirección General de Migración ha reiterado que los operativos deben realizarse bajo el marco de la ley y con la participación de organismos de seguridad.
Durante la jornada, el área fue custodiada por agentes de la Policía Nacional para prevenir incidentes y garantizar el orden público.
Clima de tensión
La convocatoria y las declaraciones del movimiento se producen en un contexto de alta sensibilidad social en Los Mina, donde el homicidio del menor ha intensificado el debate sobre seguridad ciudadana, migración y convivencia comunitaria.
Mientras la organización mantiene su postura de presión, sectores civiles y autoridades han llamado a que cualquier reclamo se realice por vías pacíficas y dentro del marco legal, a fin de evitar confrontaciones o situaciones que pongan en riesgo a la población.
