Santo Domingo.— El juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, aplazó para el próximo miércoles a las 11:00 de la mañana la audiencia para conocer la solicitud de medidas de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente, respectivamente, de la discoteca Jet Set, escenario del trágico colapso que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos el pasado 8 de abril.
La decisión judicial fue tomada a solicitud de la defensa, a fin de otorgar tiempo para notificar formalmente al abogado de los imputados y garantizar así su derecho a preparar los alegatos frente a las acusaciones del Ministerio Público.
Las autoridades fiscales solicitan prisión preventiva para Antonio Espaillat y arresto domiciliario para su hermana Maribel, además de que se declare el caso como “complejo” debido al elevado número de víctimas y a la gravedad de los hechos imputados.
Ambos fueron arrestados el jueves tras ser interrogados por el titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho. La acusación preliminar los señala como responsables de homicidio involuntario, amparándose en los artículos 319 y 320 del Código Penal Dominicano, que penalizan muertes y lesiones causadas por negligencia.
Según el expediente, los hermanos Espaillat incurrieron en “irresponsabilidad y negligencia extrema” al no intervenir oportunamente en la infraestructura del establecimiento, pese a advertencias técnicas sobre el deterioro del techo. El colapso se produjo durante una fiesta de merengue, mientras actuaba el afamado cantante Rubby Pérez, quien también figura entre las víctimas mortales.
El Ministerio Público también los acusa de intentar “intimidar o manipular” a empleados que podrían fungir como testigos en el proceso judicial.
“El colapso del Jet Set era totalmente evitable”, afirma el Ministerio Público en su solicitud, asegurando que los imputados priorizaron intereses económicos por encima del bienestar de cientos de personas.
Tras el desastre, la procuradora general Yeni Berenice Reynoso acudió personalmente a la escena, ubicada en la plaza El Portal del kilómetro 6 de la avenida Independencia, y ordenó resguardar el lugar para garantizar la integridad de las pruebas durante la fase de investigación.
El país sigue con atención los desarrollos de este caso, que no solo ha estremecido a la opinión pública por la magnitud de la tragedia, sino que plantea profundas interrogantes sobre la responsabilidad penal en la gestión de espacios públicos y la fiscalización de locales de entretenimiento.
