La medida judicial impide cualquier tipo de transacción sobre el inmueble hasta que se emita una decisión definitiva del tribunal.
Santo Domingo.– El Ministerio Público dispuso la incautación provisional del apartamento donde reside el empresario José “Jochi” Ángel Gómez-Canaán, implicado en el proceso judicial por presunta corrupción vinculada a la adjudicación irregular de contratos para el sistema de semáforos del Gran Santo Domingo.
La información fue confirmada por el abogado del empresario, doctor Carlos Balcácer, quien explicó que la medida impuesta prohíbe a su defendido realizar cualquier operación de venta, permuta o transferencia sobre el inmueble hasta tanto exista una decisión definitiva sobre el caso.
“No se trata de un allanamiento ni de una confiscación. Simplemente, el apartamento queda inmovilizado por orden judicial, mientras se determina la situación jurídica del proceso”, aclaró Balcácer.
El jurista agregó que, pese a la medida, Gómez-Canaán fue designado custodio del bien, lo que le permite continuar residiendo en la vivienda bajo la figura de guardián judicial.
De acuerdo con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Gómez-Canaán, propietario de la empresa Aurix S.A.S., habría sido uno de los principales beneficiarios económicos de la supuesta adjudicación irregular de contratos millonarios otorgados por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) a compañías que, según la investigación, carecían de la capacidad técnica requerida.
El expediente señala que, mediante su empresa, Gómez-Canaán controló de forma fraudulenta los sistemas semafóricos y de videovigilancia del Gran Santo Domingo, utilizando además las compañías Transcore Latam y Dekolor para movilizar fondos ilícitos y presuntamente realizar operaciones de lavado de activos.
“Se trata de una medida precautoria, no de una sanción definitiva”, puntualizó el abogado defensor, al insistir en que su cliente mantiene la presunción de inocencia y está colaborando con las autoridades judiciales.
El proceso forma parte de las investigaciones desarrolladas por la Pepca dentro del denominado caso de los semáforos del Gran Santo Domingo, en el que se acusa a varios implicados de integrar una red de corrupción pública-privada. Las autoridades judiciales continúan recopilando pruebas y testimonios para determinar las responsabilidades penales correspondientes.
