Cabello afirma que Venezuela mantiene el control tras el ataque; EE UU dice que capturó a Maduro y la crisis reordena la región, con alerta.
Caracas.- Caracas se despertó con un ruido seco, de esos que no encajan con la ciudad dormida. Poco antes de las 2.00 de la madrugada del sábado 3 de enero de 2026 (hora local), se escucharon varias explosiones y se vieron aeronaves sobrevolando a baja altura. Horas después, el ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, compareció desde el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para afirmar que Venezuela “mantiene el control nacional”, con los cuerpos de seguridad “desplegados” y en alerta permanente en todo el país. El Gobierno calificó lo ocurrido como un “ataque artero y terrorista” contra infraestructuras.
Ese mensaje de “control” llega en el peor momento imaginable para el chavismo: Estados Unidos sostiene que, en esa misma operación nocturna, capturó al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y que ambos fueron sacados de Caracas para ser procesados en Estados Unidos por cargos de narcoterrorismo. Washington lo presenta como una intervención destinada a forzar una transición política y, en boca del presidente Donald Trump, incluso como el inicio de una administración provisional estadounidense sobre Venezuela. Caracas lo denuncia como secuestro y agresión. La región, partida. Europa, incómoda. Y dentro del país, el pulso real se mide en algo básico: qué instituciones obedecen, qué unidades militares responden y cuánto dura la normalidad.
La comparecencia de Cabello y lo que significa “control nacional”
Cabello no improvisa el escenario. Hablar desde el centro operativo de la FANB es una forma de decir “hay mando”, aunque el jefe del Estado ya no esté físicamente en el país, según la versión estadounidense. En términos prácticos, cuando el ministro del Interior dice “control nacional”, está lanzando tres señales a la vez: que el Gobierno conserva capacidad de despliegue territorial, que la cadena de mando sigue funcionando y que no va a tolerar vacíos de poder ni desobediencias dentro del aparato estatal.
En su balance oficial, Cabello insistió en que los cuerpos de seguridad están activados y que el país permanece bajo vigilancia. Esa insistencia tiene un propósito muy concreto: cortar el rumor de raíz. En una madrugada con explosiones y versiones cruzadas, el rumor no es un chisme; es una herramienta que mueve gente, bloquea calles, dispara compras nerviosas, vacía estaciones de servicio. El chavismo lleva años manejando crisis internas, sanciones, escasez, protestas, apagones. Esto es distinto. Esto, por la dimensión internacional y por la captura de Maduro que anuncia Washington, es un golpe directo al centro de gravedad del poder.
El Gobierno venezolano, además, acompaña el discurso con una palabra que sirve de paraguas para casi todo: “terrorismo”. La etiqueta no solo busca legitimidad interna; también intenta encajar el episodio en un marco que permita denunciar agresión ante la ONU, pedir apoyos y complicar el relato estadounidense. En la práctica, Cabello está defendiendo una tesis: el Estado está herido, sí, pero no está desarticulado.
La noche de las explosiones: objetivos, daños y un país en vilo
Lo que se sabe de la madrugada es consistente en lo esencial, aunque los detalles finos todavía bailan. Hubo explosiones en Caracas y en zonas vinculadas a infraestructura militar y logística. Diversas informaciones internacionales apuntaron a impactos en instalaciones como Fuerte Tiuna (complejo militar clave en la capital), la base aérea de La Carlota (Generalísimo Francisco de Miranda), el entorno del puerto de La Guaira y el aeropuerto de Higuerote, además de otros puntos del eje costero y de estados cercanos a la capital como Miranda, Aragua y La Guaira. En redes circularon vídeos con columnas de humo y destellos, pero el cuadro completo —qué quedó inutilizado, qué fue un señuelo, qué se dañó de verdad— es, a estas horas, el tipo de información que cada bando administra como munición.
En paralelo, aparecieron reportes de cortes eléctricos en zonas de Caracas. En Venezuela, la luz no es solo luz; es comunicación, agua, transporte, pagos. Un apagón corta el país como un cuchillo. Por eso, cuando desde Washington se sugiere que la operación buscó debilitar defensas y capacidades antes de entrar por tierra, la electricidad entra en la ecuación como objetivo tentador: no hace falta “ocupar” un barrio si lo dejas incomunicado. Basta con que el día se vuelva torpe.
Mientras tanto, en la calle, el ambiente que describen varias crónicas internacionales es de incertidumbre y presencia policial. Patrullas, puntos de control, poca gente moviéndose en comparación con un sábado normal. En crisis, Caracas cambia de textura: persianas más bajas, aceras con menos ruido, conversaciones al oído, teléfonos que se consultan como quien mira un parte meteorológico que amenaza tormenta.
La operación de Estados Unidos: del golpe aéreo a la captura de Maduro
La versión estadounidense es extraordinaria, por su forma y por sus implicaciones. Según los detalles difundidos por medios internacionales, la misión fue aprobada por Trump pocos días antes de ejecutarse y habría contado con una combinación de fuerzas especiales, apoyo de inteligencia y una pantalla de despliegue regional bajo la etiqueta de “operaciones antidroga”.
Se habla de un operativo preparado durante meses: ensayos en una réplica a escala del lugar donde se refugiaba Maduro, participación de unidades de élite (con menciones recurrentes a Delta Force), apoyo de inteligencia con un activo cercano al presidente venezolano y un dispositivo aéreo masivo para neutralizar defensas. En esa narrativa, la acción en Caracas no es un bombardeo desordenado: es una coreografía de precisión para abrir un pasillo, entrar, capturar y salir.
El momento crítico, siempre según esa reconstrucción, habría ocurrido alrededor de la 1.00 de la madrugada: irrupción en el complejo donde se encontraba Maduro, intercambio de disparos, aseguramiento del objetivo, extracción. A las 3.20, se sostiene, Maduro y Cilia Flores ya estaban en un avión rumbo a un buque estadounidense, el USS Iwo Jima, como punto de tránsito antes del traslado a Estados Unidos. Y en paralelo, Trump habría confirmado el éxito del operativo en redes sociales, incluso difundiendo una imagen del presidente venezolano detenido.
La fiscalía estadounidense, con la fiscal general Pam Bondi como figura central en el anuncio, enmarca la captura en un proceso judicial: Maduro y Flores serían llevados a Nueva York para afrontar cargos vinculados a narcoterrorismo. En el trasfondo aparece una acusación que ya existía desde hace años en Estados Unidos: la tesis de que la cúpula del poder venezolano ha facilitado o dirigido redes de narcotráfico y crimen transnacional, con el llamado “Cártel de los Soles” como etiqueta habitual en ese discurso.
La consecuencia inmediata es política: Trump no se limita a celebrar una captura, sugiere que Estados Unidos “dirigirá” Venezuela temporalmente para asegurar una transición y, además, menciona la explotación de reservas petroleras como parte del horizonte. En Caracas, eso se interpreta como confirmación del móvil: control de recursos y cambio de régimen. En buena parte de la región, como un precedente peligrosísimo, aunque haya gobiernos que detesten a Maduro.
Caracas responde: Delcy Rodríguez, Padrino López y el “prueba de vida”
Con Maduro fuera de escena —si se acepta la versión estadounidense— el poder real se desplaza a quienes pueden sostener el aparato. Ahí emergen nombres y cargos con peso propio. La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez habría comunicado que se desconoce el paradero de Maduro y Cilia Flores y exigió a Estados Unidos una prueba de vida. Esa petición es, a la vez, gesto humanitario, presión diplomática y estrategia política: obliga a Washington a mostrar control del detenido y reduce el margen para que la historia se convierta en un “desaparecido” de dimensión internacional.
Otro nombre clave es el del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, quien ha sido durante años el gran articulador entre el chavismo y la estructura militar. Distintas coberturas lo sitúan denunciando la agresión y llamando a la resistencia nacional. En el ecosistema chavista, Padrino no es un actor decorativo: es una bisagra. Si él sostiene la disciplina, el Estado se aguanta. Si él se fractura, se abre una compuerta imprevisible.
Y luego está Cabello, que combina partido, seguridad y capacidad de intimidación política. Su comparecencia desde el Comando Estratégico Operacional no es casual: es una forma de situarse como pieza central de continuidad, como garante de que el Estado no colapsa aunque el presidente haya sido capturado. En un país con una institucionalidad muy personalizada, la escena del “relevo” se construye casi en tiempo real.
En este contexto, el Gobierno venezolano insiste en que el ataque alcanzó infraestructuras y que hubo víctimas, incluidos civiles y militares, sin que por ahora haya un balance unificado, detallado y verificable de forma independiente en todas sus cifras. Washington, por su parte, ha insinuado heridos entre sus fuerzas, pero sin reconocer bajas mortales. Ese contraste —víctimas “indeterminadas” de un lado, “sin muertos” del otro— alimenta más tensión: cada cifra se vuelve argumento moral.
La reacción internacional: condenas, apoyos y el tablero de la ONU
La comunidad internacional se ha movido rápido, pero no en bloque. Algunos gobiernos condenan la intervención por considerarla violación de soberanía; otros la celebran por la caída de Maduro; varios optan por fórmulas ambiguas. La palabra que más se repite, con matices, es derecho internacional.
En España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, marcó una posición que busca equilibrio: recordó que España no reconoció al régimen de Maduro, pero también afirmó que no reconocerá una intervención militar que viole el derecho internacional y empuje a la región a un horizonte de incertidumbre. Pidió pensar en la población civil, respetar la Carta de Naciones Unidas y articular una transición “justa y dialogada”. Esa declaración es relevante por dos motivos: España ha sido actor europeo clave en la cuestión venezolana desde 2019, y cualquier movimiento brusco en Caracas se traduce en ondas que llegan a Europa por diplomacia, migración y economía.
Al mismo tiempo, el Gobierno venezolano llevó el caso al terreno multilateral: solicitud formal de reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para tratar lo que define como “agresión criminal”. En ese trámite aparece otro nombre importante: el ministro de Exteriores Yván Gil, que habría informado de la petición, y el embajador venezolano ante la ONU, Samuel Moncada, como firmante o canal de la comunicación formal. La ONU, en estos escenarios, no garantiza soluciones, pero sí organiza el debate: quién acusa, quién se defiende, quién exige pruebas, quién propone una investigación.
En América Latina, las reacciones también reflejan grietas conocidas. En Colombia, el presidente Gustavo Petro fue de los primeros en condenar con firmeza el ataque y pedir una reunión urgente del Consejo de Seguridad. Es una postura con carga regional: Colombia comparte frontera, flujos migratorios, comercio informal y tensiones históricas con Venezuela. Cualquier escalada militar cerca de esa frontera tiene efectos inmediatos.
Otras capitales han reaccionado en sentidos distintos, con gobiernos que se alinean más con Washington y otros que ven el precedente como una amenaza para cualquiera. El caso venezolano, por su carga ideológica y por el peso del petróleo, siempre ha sido un espejo deformante: cada país se mira y proyecta su propio miedo o su propia agenda.
El impacto inmediato: vuelos, espacio aéreo y economía en modo pausa
Una forma poco sentimental de medir la gravedad de lo ocurrido es observar lo que se detiene. Tras las explosiones, hubo informaciones sobre cancelaciones de vuelos y restricciones operativas en el Caribe. También circuló la idea de que autoridades estadounidenses de aviación emitieron avisos para limitar operaciones en el espacio aéreo venezolano. Cuando una crisis provoca ese tipo de decisiones, significa que el riesgo se considera real, no retórico.
En lo económico, el petróleo vuelve como un olor persistente. Trump y su equipo han mencionado inversión y explotación de recursos como parte del futuro inmediato. En Venezuela, esa insinuación se interpreta como confirmación de lo que el chavismo lleva años diciendo: que el objetivo último es el control del crudo y de minerales estratégicos. Para otros, es el argumento para justificar la intervención: “estabilizar” un país con reservas inmensas. Entre medias, la realidad es menos grandilocuente y más fría: en un país que depende del petróleo, cualquier cambio de poder reordena contratos, exportaciones, sanciones y precios.
En el día a día, el efecto más inmediato es psicológico y logístico: transporte, bancos, suministro. Si hay fallos eléctricos o cortes puntuales de comunicaciones, la vida cotidiana se vuelve lenta. Y cuando la vida se vuelve lenta, la política se vuelve feroz: la gente busca certezas en el único lugar donde cree que pueden existir, el poder armado.
Qué puede pasar ahora: mando interno, calles y negociación exterior
A corto plazo, la pregunta central no es quién “tiene razón” en el relato, sino quién manda de verdad dentro de Venezuela. El Gobierno afirma que mantiene el control; Estados Unidos asegura que ha capturado al presidente; la oposición venezolana aparece dividida entre quienes ven una oportunidad y quienes temen el precio de una intervención. En ese triángulo, el factor decisivo es la cohesión de la FANB.
Si la estructura militar se mantiene alineada con Cabello, Delcy Rodríguez y Padrino López, el Estado puede sostener una continuidad operativa incluso con Maduro fuera. Eso no significa estabilidad política; significa capacidad de controlar instituciones, calles y fronteras. Si, por el contrario, aparecen fracturas —unidades que no obedecen, mandos regionales que negocian por su cuenta, disputas internas— el escenario se vuelve más volátil y, paradójicamente, más peligroso: el vacío no lo llena la democracia, lo llena el actor más armado.
En el plano exterior, la presión se traslada a la ONU y a las capitales que pueden mediar. España, por su peso europeo y por su historia reciente con el dossier venezolano, puede tener un papel en el tono de la Unión Europea: condena de la intervención, exigencia de garantías sobre Maduro, defensa del derecho internacional, apoyo a una salida negociada. Estados Unidos, mientras, se enfrenta a otra discusión: la legalidad interna de una operación militar de esta envergadura sin autorización explícita del Congreso, un debate que ya asoma en voces críticas dentro del propio país.
En Venezuela, el Gobierno tratará de consolidar el mensaje de Cabello con hechos visibles: patrullajes, control de infraestructuras estratégicas, reapertura de servicios, exhibición de normalidad. La normalidad, en crisis, se fabrica. Y se fabrica con seguridad, con propaganda y con la administración del miedo. Washington, por su parte, intentará que el golpe sea irreversible: mostrar a Maduro bajo custodia, activar procesos judiciales, hablar con actores venezolanos, y proyectar la idea de que el cambio ya está en marcha.
Todo esto ocurre con un elemento que nunca es decorativo: la población civil, atrapada entre discursos de soberanía y promesas de transición. Un ataque nocturno con explosiones en zonas urbanas no es una metáfora: deja gente herida, casas temblando, niños sin dormir, hospitales que se reorganizan, y un país que vuelve a hacer lo mismo que tantas veces: aguantar.
La última palabra, por ahora, la tiene el control real
Cabello ha dicho que Venezuela mantiene el control nacional tras el ataque, y esa frase es más que un titular: es una apuesta. Para sostenerla, el Gobierno necesita demostrar que el Estado sigue funcionando, que la cadena de mando no se ha roto y que la seguridad no se le escapa por los bordes. Estados Unidos, en cambio, intenta convertir la captura de Maduro y Cilia Flores en un hecho fundacional, el inicio de otra etapa, con una narrativa de “transición” que mezcla justicia penal, músculo militar y promesas económicas.
En medio, el tablero internacional se recalienta: España se distancia de la intervención, Colombia pide una respuesta urgente en la ONU, Venezuela solicita una sesión del Consejo de Seguridad y varias capitales miden cada palabra. Lo que ocurra en las próximas horas y días —si hay nuevas acciones militares, si se confirma un balance de daños y víctimas, si la FANB se mantiene cohesionada, si se abre un canal de negociación o si se impone la escalada— definirá si el “control” del que habla Cabello es un hecho operativo o un intento de sujetar el país con la voz. Y, en política, la voz aguanta poco si el suelo tiembla.
