Bajo la consigna “No a la Ley Mordaza”, ciudadanos protestan frente al Congreso Nacional y en la Plaza de la Bandera.
Santo Domingo.– Las protestas mediante cacerolazos se mantienen activas por cuarto día consecutivo en la República Dominicana, con manifestaciones que se han extendido a diversos sectores del Gran Santo Domingo y otras localidades del país.
Cientos de ciudadanos se concentraron este jueves en las inmediaciones del Congreso Nacional y posteriormente marcharon hacia la Plaza de la Bandera, en rechazo a varios artículos del nuevo Código Penal que, según alegan, podrían vulnerar la libertad de expresión.
La movilización fue convocada por el movimiento Somos Pueblo, congregando a jóvenes, adultos y familias que exigieron la modificación o eliminación de disposiciones relativas a los delitos de difamación e injuria.
Acción ante el Tribunal Constitucional
Durante la jornada, representantes del movimiento informaron que depositaron ante el Tribunal Constitucional una solicitud para que se declare de urgencia el conocimiento de una acción directa de inconstitucionalidad interpuesta semanas atrás contra varios artículos del Código Penal.
El comunicador Eduardo Sánchez Tolentino explicó que el objetivo es que el alto tribunal conozca el recurso antes de la entrada en vigencia de la normativa, prevista para el 3 de agosto, ya que la audiencia fue fijada inicialmente para el mes de octubre.
Asimismo, indicó que la acción no ha sido rechazada, sino que se busca adelantar su conocimiento, al tiempo que anunció la continuidad de los cacerolazos cada noche a las 8:00, como mecanismo de presión social.
Expansión de las protestas
De manera simultánea, residentes de sectores como Manoguayabo, Alma Rosa y Gazcue se sumaron a las protestas desde sus hogares y calles, haciendo sonar ollas y utensilios domésticos en señal de rechazo.
El sonido de los cacerolazos se ha consolidado como un símbolo de protesta pacífica, intensificándose en horas nocturnas cuando comunidades completas se integran en una misma expresión de descontento.
Las manifestaciones coinciden con el anuncio de la Cámara de Diputados sobre la apertura de un proceso de consultas públicas para evaluar posibles modificaciones a la ley que instituye el nuevo Código Penal, especialmente en los artículos que han generado mayor controversia.
Artículos bajo cuestionamiento
Los manifestantes centran sus críticas en los artículos 208, 209 y 210 del Código Penal. Estas disposiciones tipifican la difamación y la injuria, estableciendo sanciones que incluyen penas de prisión y multas, lo que —según los convocantes— representa un riesgo para el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa.
En particular, el artículo 208 sanciona la difamación con penas de dos a cinco años de prisión; el 209 agrava la conducta cuando existe intención extorsiva, con sanciones de hasta diez años; y el 210 penaliza la injuria con hasta un año de prisión o multas.
Antecedentes de movilización social
La jornada también evocó escenarios de protestas recientes en el país. Las inmediaciones del Congreso Nacional fueron epicentro de manifestaciones en 2019 contra una eventual reforma constitucional, mientras que la Plaza de la Bandera se consolidó como símbolo de movilización ciudadana en 2020, tras la suspensión de las elecciones municipales.
Las actuales protestas se desarrollan en un contexto de creciente debate público sobre el alcance del nuevo Código Penal y su impacto en los derechos fundamentales, particularmente en lo relativo a la libertad de expresión.
