Por Nelson Marte
Con la llegada al poder del presidente Luis Abinader, el PRM y aliados en agosto de 2020, quedaron en el pasado las prácticas de los 20 años de ejercicio gubernamental del Partido de la Liberación de poner a dirigentes de esa organización al frente de órganos que debían arbitrar con justeza y rectitud la ventilación de los conflictos y tensiones sociales y políticos.
Leonel Fernández y Danilo Medina designaron en sus gobiernos a figuras partidistas de la categoría de Jean Alain Rodríguez, Roberto Rosario Márquez, Mariano Germán, Francisco Domínguez Brito y otros a los que su condición política colocó en conflicto de intereses con el equilibrio que deben tener quienes deben dirigir imparcialmente la administración de conflictos sociales.
El conflicto de intereses se dio porque esos personajes eran parte de muchos de los líderes y dirigentes de un partido que llegó al poder a apropiarse de recursos del patrimonio público, para lo cual pusieron en su favor las sentencias del Poder Judicial; controlaron la organización y los fallos de la Junta Central y el Tribunal Superior Electoral.
Y además se hicieron de los servicios de medios y de miles de comunicadores, y de intelectuales, todo ello para asordinar un relato cónsono con su plan de vertiginoso enriquecimiento ilícito en base a la depredación de los fondos públicos, lo cual se evidencia en las imputaciones por tráfico de influencia y corrupción que se ventilan hoy en los tribunales, justificadas en las confesiones de culpabilidad de funcionarios y asociados, delación entre ellos, devolución de dinero y otros activos.
El cambio de los comisarios políticos por funcionarios profesionales íntegros y no partidistas en el sistema judicial, elegidos o apoyados por el gobierno del PRM, ha permitido al pueblo contar con un sistema que avanza hacia niveles de ejercicio más equilibrado, como observa el pueblo; certámenes electorales cuya pulcritud y justeza han dado alta reputación global a la democracia dominicana, tan necesaria para impulsar el desarrollo económico y social y la estabilidad democrática.
La impronta de saneamiento del presidente Abinader es también visible y beneficiosa en la ética y transparencia en la administración de los fondos públicos que empieza por expresarse en la estricta aplicación de las leyes de Compras y Contrataciones y de Función Pública, que anteriormente fueron fuentes de enriquecimiento ilícito y de grandes escándalos de corrupción.
Pero alguien le falló al plan profiláctico de la dirección del estado que inició en agosto de 2020, y es así como con la Cámara de Cuentas no se hizo lo mismo que en las otras entidades de arbitraje y adecuado control del erario.
En esa entidad, tan importante para controlar los fondos públicos, se coló gente que respondía a políticos, y justo por eso colapsó en medio de chismes personales y donde ha escaseado la inteligencia emocional.
La de la Cámara de Cuentas es una historia de fallos y deficiencias que no está al margen de la corrupción y la impunidad vivida por el país en el pasado, por eso los bufetes de la Cámara de Cuentas designadas por los gobiernos de Leonel y Danilo también fallaron.
Ahora le temen como el diablo a la cruz a que sean designados profesionales éticos como los de la Procuraduría, la JCE y el TSE y rechazan a los candidatos para formar la nueva directiva, aunque no puedan presentar contra ellos pruebas delictuosas algunas.
Patalean, relinchan, se oponen a que el PRM y aliados elijan con la mayoría que les dio el electorado, y sin sonrojo y desvergonzados hablan de “imposición de la mayoría”, como si esa no fuera la regla democrática.
Para completar la obra de saneamiento iniciada por el presidente Abinader en agosto de 2020 en la cabeza del ministerio Público, la JCE y el TSE hay que terminar de elegir una directiva que lleve a la Cámara de Cuentas a profesionales capaces e íntegros.
Lo contrario sería volver al retroceso que procuran el PLD y la FUPU para proclamar su perversa consigna de que “aquí corruptos somos todos”, y eso no es así.
