Santo Domingo.- La comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados asumió ayer una encomienda pública. Prometió llevar hasta la oficina del presidente Luis Abinader las propuestas de cambios y los reclamos expuestos por más de 100 personas de sectores, asociaciones, representantes de instituciones y ciudadanos que participaron en una amplia vista pública sobre el proyecto de reforma fiscal sometido por el Gobierno ante el Congreso.
Durante más de once horas, desde las 10:00 de la mañana hasta las 9:10 de la noche de ayer, jueves, las intervenciones evidenciaron una posición en común: el rechazo a la propuesta del Gobierno. En total, 115 personas participaron, informó la Cámara de Diputados.
Las observaciones fueron anotadas por la comisión que encabezó la consulta.
Así lo garantizó el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien destacó que solicitará una reunión con Abinader y con el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, para presentarles todas las contrapropuestas que la Cámara Baja recibió en la vista pública y durante las reuniones de la comisión que analiza la pieza.
Con las citadas reuniones se busca «sacar una propuesta que permita que este proyecto pueda ser conocido en el Congreso Nacional en un ambiente mucho más holgado», según explicó Alfredo Pacheco.
Ningún apoyo total
La mayoría de las intervenciones en la tanda de debates se basó en sugerir cambios a la pieza o en pedir el retiro del proyecto de ley, ninguna apoyó totalmente la propuesta.
David Llibre, de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), destacó que los incentivos «son esenciales» para mantener en pie al sector turístico del país y para lograr que la nación siga compitiendo internacionalmente en materia hotelera.
Virginia Antares, excandidata presidencial por el partido Opción Democrática, rechazó la reforma, destacando que afectaría principalmente a los sectores más vulnerables al aumentar impuestos al consumo y propuso auditar la deuda pública para mejorar la transparencia.
Mientras que Annerys Paulino, quien dirige la Asociación de Constructores y Promotores de la Vivienda (Acoprovi), alertó sobre el impacto que la reforma fiscal tendría en la construcción de viviendas, con aumentos en los precios de materiales que se pasarían al de las edificaciones, limitando así la adquisición de casas de bajo costo.
A su vez, Iris González, de la Asociación de Fabricantes de Vehículos, expuso que la reforma provocaría un aumento en los precios finales de estos, por lo que afectará a ese sector «que ya paga los impuestos más altos de la región».
Otros que rechazaron la pieza fueron los industriales, representantes de bancos, empresarios, cineastas, partidos de oposición, asociaciones de jóvenes, juntas de vecinos y zonas francas. La vista concluye hoy con tres instituciones pendientes de exponer.