El caso, que sacude a la cooperación antidrogas entre Washington y Santo Domingo, incluye acusaciones de soborno, fraude de visas y uso indebido de su posición oficial para beneficiar a terceros
Santo Domingo.– Lo que hasta hace semanas era presentado como una historia de mérito profesional y ascenso institucional se transformó en un expediente judicial que hoy pone bajo escrutinio a una de las principales agencias antidrogas de Estados Unidos en el Caribe. Melitón Cordero, supervisor local de la Administración para el Control de Drogas (DEA), fue arrestado y enfrenta cargos federales por conspiración para cometer soborno y fraude de visas, según informaron las autoridades estadounidenses.
La acusación fue anunciada por la fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Ferris Pirro, quien encabeza el proceso judicial. De acuerdo con la declaración oficial, el expediente forma parte de los esfuerzos del gobierno federal por “combatir la corrupción y proteger las prioridades de seguridad nacional”.
Las imputaciones sostienen que Cordero, de 47 años, habría utilizado su posición dentro de la DEA para agilizar al menos 119 solicitudes de visa, entre ellas al menos una presuntamente fraudulenta. Además, se le acusa de proporcionar documentos migratorios —incluyendo pasaporte y visa— a un ciudadano extranjero a cambio de dinero, así como de asesorar a solicitantes para facilitar su aprobación en entrevistas consulares.
El arresto se produjo en Washington D. C., mientras en la región se reforzaban los controles migratorios y de seguridad. La investigación involucra a varias dependencias estadounidenses, entre ellas la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la oficina del Inspector General del Departamento de Justicia y la propia DEA.
La controversia adquiere mayor dimensión por el contraste político: apenas meses atrás, el presidente Luis Abinader le había otorgado, mediante decreto 520-24, la Orden del Mérito de Duarte Sánchez y Mella en grado de Caballero, destacando su papel como el primer dominicano en alcanzar la supervisión de la DEA en el país y sus “aportes excepcionales” en la lucha contra el narcotráfico.
Ese reconocimiento oficial, que celebraba cooperación y confianza institucional, hoy contrasta con una narrativa de presunta traición al uniforme. La propia embajadora de Estados Unidos en el país, Leah Campos, anunció el cierre temporal de la oficina de la DEA en Santo Domingo, al afirmar que “la corrupción no tiene espacio en el Gobierno de los Estados Unidos ni en ningún otro”.
El caso no solo expone la dimensión penal de las acusaciones, sino que también sacude el delicado entramado de confianza entre agencias dominicanas y estadounidenses. En momentos en que la cooperación antidrogas y el control migratorio son prioridades regionales, la caída de un alto funcionario envía un mensaje inequívoco: la vigilancia interna será tan estricta como la que se ejerce contra el crimen organizado.
Por ahora, Cordero enfrenta la justicia federal por conspiración de soborno y fraude de visas, cargos que, de probarse, podrían acarrear severas penas de prisión y el fin de una carrera que hasta hace poco era presentada como ejemplo de éxito institucional. La crónica de su ascenso se convirtió, de golpe, en un caso emblemático sobre los riesgos de mezclar poder, discrecionalidad y tentación.
