El Congreso habilita un proceso de diálogo para ajustar artículos cuestionados sobre libertad de expresión y ejercicio médico, en medio de un creciente escrutinio social
Santo Domingo. – En un giro significativo marcado por la presión del debate público, la Cámara de Diputados anunció la apertura de un proceso de revisión de “aspectos puntuales” del nuevo Código Penal, cuya entrada en vigencia está prevista para agosto, apenas un año después de su aprobación.
La decisión fue comunicada por el presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, quien compareció junto a los voceros de todas las bancadas partidarias, evidenciando un consenso político en torno a la necesidad de introducir ajustes a la controvertida normativa. La iniciativa fue además coordinada con el presidente del Senado, Ricardo de los Santos.
El proceso de revisión contempla la habilitación de espacios formales para que academias, gremios profesionales, organizaciones de la sociedad civil, operadores del sistema de justicia y ciudadanos presenten observaciones fundamentadas sobre disposiciones específicas que consideren susceptibles de modificación.
Aunque no se detallaron los artículos que serían objeto de revisión, en las últimas semanas el Código Penal ha sido objeto de fuertes cuestionamientos, particularmente en lo relativo a la libertad de expresión, la tipificación de la difamación y aspectos vinculados al ejercicio médico, generando un clima de tensión entre diversos sectores.
Pese a la cercanía de la fecha de entrada en vigor, Pacheco aseguró que aún existe margen para introducir cambios durante la actual legislatura, prevista para concluir el 26 de julio. En ese contexto, no descartó la posibilidad de que el presidente Luis Abinader convoque a una legislatura extraordinaria en caso de requerirse más tiempo para completar las modificaciones, ni cerró la puerta a un eventual aplazamiento de la aplicación de la ley.
“Es una posibilidad que no cerramos”, expresó el legislador al ser abordado sobre un posible diferimiento.
El titular de la Cámara Baja insistió en que el país contará con un nuevo Código Penal en agosto, aunque reconoció que una reforma de tal magnitud es susceptible de perfeccionamiento. En ese sentido, anunció el inicio inmediato de una ronda de diálogos con los sectores involucrados en el debate, con el objetivo de consensuar ajustes que garanticen una aplicación equilibrada del marco legal.
La institución legislativa subrayó que estas modificaciones buscan atender las observaciones planteadas sin comprometer derechos fundamentales ni la seguridad jurídica, en un intento por armonizar las demandas sociales con la estabilidad normativa.
Pacheco defendió el contenido del Código al calificarlo como “una reforma histórica”, destacando la incorporación de más de 70 nuevos tipos penales y el fortalecimiento de las herramientas del Estado para enfrentar delitos como el crimen organizado, la corrupción, el sicariato, las estafas piramidales, los ataques con sustancias corrosivas y la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
No obstante, admitió que el Congreso tiene la responsabilidad de evaluar las inquietudes surgidas tras su promulgación, aclarando que el propósito no es reabrir integralmente la discusión, sino concentrarse en los puntos que han generado mayor controversia.
Durante la rueda de prensa, el presidente de la Cámara también rechazó que la apertura del proceso responda directamente a las recientes protestas ciudadanas, asegurando que las conversaciones internas para revisar el Código se iniciaron días antes de las manifestaciones públicas.
Reveló, además, que sostuvo reuniones previas con su homólogo en el Senado para coordinar la estrategia legislativa, reiterando la disposición de ambas cámaras para discutir cualquier propuesta que contribuya a mejorar la normativa.
En cuanto a la posibilidad de reintroducir el debate sobre las tres causales para la interrupción del embarazo, Pacheco evitó fijar una postura definitiva, señalando que se trata de un tema ampliamente discutido y que, en la actualidad, las principales tensiones giran en torno a otros aspectos del Código.
Desde la oposición, el vocero del bloque del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, respaldó el proceso de revisión, afirmando que la presencia conjunta de todos los voceros evidencia el consenso político alcanzado.
Sánchez recordó que el Código no fue aprobado de manera unánime y que, aunque no votó a favor de la pieza, considera fundamental que el Congreso escuche a la sociedad y actúe con apertura para perfeccionar la legislación.
En la misma línea, el vicevocero de la Fuerza del Pueblo, Carlos de Pérez, manifestó su respaldo a la revisión de los artículos más controvertidos.
Con esta decisión, el Código Penal retorna al centro del debate legislativo, reactivando una discusión que se extendió por más de dos décadas antes de su reciente aprobación.
Choque con el Piro.
El contexto de tensión también se evidenció en un incidente ocurrido durante la jornada, cuando Pacheco protagonizó un intercambio verbal con el comunicador y activista Eduardo Daniel Sánchez Tolentino, «El Piro» tras comentarios críticos en torno a lo que sectores han denominado una “ley mordaza”, reflejando el alto nivel de sensibilidad que rodea la pieza legislativa.
