“El gobierno tomó algunas medidas para castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos, pero hubo informes generalizados de impunidad y corrupción oficiales, especialmente entre los altos funcionarios”, explica el reporte anual publicado ayer.
Indica que a pesar de que leyes dominicanas establecen un poder judicial independiente, el Gobierno “no respetó la independencia judicial y la imparcialidad”.
El informe señala que hubo enjuiciamientos selectivos y despidos de casos en medio de denuncias de soborno o presión política indebida.
“El poder judicial desestimó rutinariamente los casos de corrupción de alto nivel. La corrupción del poder judicial era un problema grave”, manifiesta el estudio.
Detalla que en septiembre de 2017 la Suprema Corte de Justicia comenzó el juicio contra seis de los 14 vinculados en el caso de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, acusada de haber pagado 92 millones de dólares como soborno por contratos de obras del Estado.
“Los seis acusados incluían un senador, un representante de la cámara baja, un exsenador y un exministro de Obras Públicas. La sociedad civil acogió con beneplácito el juicio como un paso adelante en la lucha contra la corrupción, pero los activistas destacaron lo que percibían como falta de voluntad política para investigar a fondo el caso, que involucraba a las élites políticas y económicas del país”, detalla el informe estadounidense.
De acuerdo con un informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación además de los 92 millones dólares, Odebrecht distribuyó otros 39.5 millones de dólares en sobornos durante la construcción de la planta de carbón de Punta Catalina.
