Por Jesús Feliz
Las democracias no se debilitan únicamente por las crisis económicas o los conflictos políticos, también se erosionan cuando los ciudadanos sienten que sus gobernantes han dejado de escuchar sus preocupaciones.
Ese sentimiento parece crecer hoy en el país y se expresa en manifestaciones de protestas ciudadanas, como los cacerolazos.
La aprobación de iniciativas como el Código Penal, el paquete fiscal Anticrisis y las modificaciones a la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos ha coincidido con un momento de incertidumbre económica y creciente malestar social. Más allá del contenido de estas leyes, lo que inquieta a muchos dominicanos es la percepción de que las prioridades del gobierno no son las mismas que las de la población.
Mientras las familias enfrentan el alto costo de la vida, la desaceleración económica, los apagones, la inseguridad ciudadana, el caos en el transporte y otros servicios públicos que demandan mejoras, desde el Congreso se transmite la imagen de avanzar con rapidez en reformas que han generado controversia y escaso consenso social.
A este escenario se suma la indignación provocada por la muerte en el sector de Herrera en Santo Domingo Oeste, del joven de 19 años Derlin Mercado, de manos de un cabo de la Policía Nacional.
Este hecho ha fortalecido la demanda de una justicia más transparente y pone en cuestionamiento los resultados de la cacareada Reforma Policial, que lleva más de cinco años y donde el Estado ha gastado cuantiosos recursos financieros y los ciudadanos no perciben avances significativos en la transformación y el cambio de cultura de los agentes llamados a garantizar el orden público.
Cuando decisiones legislativas controvertidas coinciden con hechos que conmueven a la sociedad, el resultado es una pérdida de confianza. La ciudadanía comienza a sentir que el gobierno actúa con mayor velocidad en aprobar leyes que en resolver los problemas que afectan su vida cotidiana.
Toda mayoría legislativa tiene el derecho de gobernar, pero también la obligación de escuchar; la legitimidad democrática no depende solo de los votos en el Congreso, sino de la confianza que inspiran las instituciones en la sociedad.
El gran desafío del momento de las autoridades del Partido Revolucionario Moderno está en reconstruir ese vínculo con la ciudadanía, porque cuando la gente siente que sus demandas son ignoradas, el descontento deja de ser una reacción pasajera y se convierte en un factor de agitación social y cambio político.
Gobernar no es solo ejercer el poder, es saber interpretar el momento que vive el país, y hoy, más que nunca, los dominicanos reclaman ser escuchados y de un gobierno más sensible y eficaz para resolver los múltiples problemas que agobian a la gente.
