Santa María.- El Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO), aclaró que no tiene nada que ver con el conflicto que se ha desatado en Santa María donde personas que dicen ser de la organización han invadido en innúmeras ocasiones una finca propiedad del bachatero y director de ese Distrito municipal, Raulín Rodríguez.
Víctor Bretón, coordinador nacional de la entidad de lucha popular, dijo que quiere que Raulín y toda la comunidad noroestana quede clara “que el FALPO en nada, en absoluto, tiene que ver con esas acciones”.
“Nuestra organización ha dejado claro que su trayectoria no es estar ubicando terrenos para luego ocuparlos, que en muchos casos es el modus vivendi de algunos que se hacen pasar por falpistas en el Noroeste y otros puntos del país”, sostuvo bretón en una comunicación.
Raulín Rodríguez, conocido también como “El cacique del amargue”, son en total unos 4 mil 700 metros, terrenos donde desarrolla varios proyectos agrícolas, incluso de limones. Han sido reiteradas las denuncias formuladas por distintas vías por el propietario de estos terrenos donde dice que personas que se hacen pasar como dirigentes y miembros del FALPO tratan de ocuparlas a la fuerza.
Víctor Breton, como dirigente nacional de la organización, desautoriza que se tome el nombre del FALPO para llevar a cabo este tipo de acciones. “Nunca no hemos prestado ni nos prestaremos nunca para esto”, sostuvo.
Torturas.
El abogado y coordinador del Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO), Víctor Bretón denunció que cuatro personas fueron torturadas por miembros del Ejército Nacional.
Los detenidos son Juan Salas, Gabriel Rodríguez, José Rodríguez y Fernando García, quienes presentan golpes contusos y sangrado, en algunas partes del cuerpo. Residen en la localidad de Monte Adentro de Licey Al Medio, Santiago de los Caballeros y fueron detenidos durante el paro de labores realizado ayer en la localidad.
Explica que estos fueron conducidos al departamento de denuncia y querellas donde fueron interrogados y luego dejados en libertad.
Bretón dijo que también las autoridades deberían requerir y someter a la Justicia a los miembros del Ejército que torturaron a los detenidos.
