El legislador plantea sustituir sanciones privativas de libertad por medidas económicas, en consonancia con garantías constitucionales.
Santo Domingo.– El senador por la provincia San Juan, Félix Bautista, propuso que los delitos vinculados a la libertad de expresión y al derecho a la información dejen de ser sancionados con penas privativas de libertad, planteando en su lugar la aplicación de sanciones de carácter económico.
La propuesta fue presentada en el marco del debate sobre la entrada en vigor del Código Penal, donde el legislador sostuvo que diversos países de la región han adoptado modelos similares. En ese sentido, citó los casos de Argentina y Panamá, donde predominan las sanciones económicas; Perú, que combina multas con servicios comunitarios; y Nicaragua, donde, según indicó, también se priorizan medidas no privativas de libertad.
Referencia a estándares democráticos
Bautista respaldó su planteamiento al citar un fragmento del discurso de la embajadora de Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Campos, quien, durante la conmemoración del 250 aniversario de la independencia estadounidense, definió la libertad de expresión como “el oxígeno de la democracia” y advirtió que cuando se restringe el debate de ideas, “la libertad comienza a erosionarse”.
Fundamento constitucional
El senador argumentó que la Constitución dominicana de 2010 consagra la libertad como uno de sus pilares fundamentales, al reconocer un conjunto de derechos vinculados al libre desarrollo de la personalidad, la libertad de expresión e información, la asociación, la empresa y la intimidad personal.
En ese contexto, sostuvo que la imposición de penas de prisión por delitos relacionados con la expresión resulta desproporcionada e incompatible con el bloque de constitucionalidad, por lo que abogó por una revisión integral del Código Penal en ese aspecto.
Finalmente, Bautista expresó su respaldo a la conformación de una comisión bicameral que permita revisar el texto legislativo y construir consensos en torno a un régimen sancionador que armonice con los principios y garantías establecidos en la Constitución
