Gómez Mazara también relató que sostuvo una reunión con el director de la Policía Nacional para tratar un caso en el que, según afirmó, un recluso habría coordinado un sicariato mediante un teléfono celular. Indicó que posteriormente trasladaron al interno a una cárcel donde no podía realizar llamadas
Santo Domingo.- El presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, cuestionó en el Sol de la Mañana la complicidad de empleados penitenciarios en el ingreso de teléfonos celulares a las cárceles y explicó que Indotel implementó un plan piloto para bloquear las señales telefónicas en cinco centros penitenciarios, como parte de las medidas para impedir que los internos utilicen estos dispositivos para comunicarse con el exterior.
El funcionario señaló que el bloqueo presenta mayores dificultades en entornos poblados, aunque aseguró que algunos centros ya cuentan con esta restricción. En ese sentido, explicó que las condiciones del entorno influyen en la efectividad de los sistemas de inhibición de señales.
Gómez Mazara también relató que sostuvo una reunión con el director de la Policía Nacional para tratar un caso en el que, según afirmó, un recluso habría coordinado un sicariato mediante un teléfono celular. Indicó que posteriormente trasladaron al interno a una cárcel donde no podía realizar llamadas.
El titular de Indotel lamentó que persistan prácticas que permiten la entrada de celulares a los recintos penitenciarios y sostuvo que existe un componente económico detrás de esa actividad. Como ejemplo, relató que durante una visita para instalar un sistema de bloqueo en una cárcel del Cibao, una persona le advirtió que la medida afectaba un negocio que generaba cinco millones de pesos mensuales.
“Usted está atentando contra un negocio de 5 millones de pesos mensuales”, recordó Gómez Mazara que le dijo esa persona. El funcionario insistió en que la colaboración de empleados penitenciarios representa un obstáculo para impedir que los internos mantengan comunicaciones telefónicas y coordinen acciones delictivas desde prisión.
El funcionario sostuvo que la legislación ha quedado rezagada frente a las necesidades del sector y citó como ejemplo el conflicto relacionado con el roaming nacional, que, según explicó, Indotel llevó ante los tribunales después de una disputa que se prolongó durante diez años.
“Históricamente la ley se ha quedado en el rezago porque hay intereses”, expresó Gómez Mazara, quien defendió la necesidad de revisar el marco regulatorio para responder a los desafíos de las telecomunicaciones en el país.
En relación con la conectividad, señaló que las empresas realizan inversiones de acuerdo con sus expectativas de rentabilidad, lo que genera diferencias en la calidad del servicio entre la capital y comunidades del interior. Ante esa situación, planteó que el Estado debe estimular el despliegue de fibra óptica para ampliar el acceso a internet, especialmente entre los sectores de menores ingresos.
