Por Carlos Sánchez Solimán
Ya es muy conocido que el perfil epidemiológico de nuestro país y prácticamente de toda la región de América Latina ha venido sufriendo cambios importantes en las últimas décadas.
Antes, la mayoría de las personas que enfermaban o morían lo hacían a causa de enfermedades infectocontagiosas y carencia nutricional.
La Mortalidad en niños menores de 5 años era elevadísima. Para poner un ejemplo, según los registros de la Oficina Nacional de Estadísticas, la tasa de mortalidad infantil en la República Dominicana en 1950 era de 149 por cada 1,000 nacidos vivos.
Hoy, distinto a lo que ocurría antes, las causas de muertes de los dominicanos están más vinculadas a enfermedades crónicas degenerativas como la diabetes, cardiovasculares, cerebrovasculares, crónicas respiratorias y cáncer, llamadas enfermedades catastróficas por los altos costos que conlleva su tratamiento.
Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el 2015, del total de muertes ocurridas en todo el mundo, el 68% correspondían a las enfermedades crónicas, es decir el doble del número de defunciones por las enfermedades infecciosas (incluidas VIH/SIDA, Tuberculosis y Malaria), maternas y carencia nutricional.
Lo mismo está sucediendo aquí visto los resultados de un estudio de incidencia realizado en mayo de 2021, por el Ministerio de Salud, que determinó que el 70 por ciento de la población evaluada estaba en sobrepeso; el 32.3% era hipertensa y el 12% padecía diabetes mellitus.
En este cuadro de enfermedades las causas o determinantes están más asociadas al trabajo, así como al modo de vida de las personas, a sus patrones alimenticios y a las posibilidades de acceder a un modelo de salud que responda oportunamente a las exigencias sociales.
Un modelo efectivo que este basado en los pilares de la Atención Primaria en Salud (APS).
En ese sentido, considerando la evolución del perfil epidemiológico que señalamos al inicio, el anteproyecto de ley de Modernización Fiscal enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, contempla la aplicación de un pequeño impuesto a las bebidas según su contenido de azúcar en gramos.
Podría ser una medida saludable que contribuya a reducir a largo plazo la incidencia de algunas de las enfermedades crónicas que afectan a la población.
Ello podría ayudar a evitar el sobrepeso en niños consumidores de azúcar, ganando años de vida.
Este tipo de política no es nuevo y debemos saludarla. La Organización Mundial de la Salud ha venido promoviendo entre los países de las Naciones Unidas la elaboración de leyes que adviertan a los consumidores del contenido en los alimentos de sustancias como la sal, el azúcar y grasas ultra procesadas, más incitativa como la Ley de Etiquetado Frontal con Advertencia Nutricional que ha tenido buenos resultados en países de Suramérica.
