Santo Domingo.- El imputado en actos de corrupción Ángel Lockward decidió hoy colaborar con el Ministerio Público y al mismo tiempo ofrecerá declaraciones como se realizaban las operaciones en el denominado caso Calamar.
Se informó que ante la decisión del imputado de colaborar la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), procedió variar ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional la variación de la medida de coerción al imputado.
Lockward tendrá la obligación de explicarle al tribunal como se llevaban a cabo las operaciones en Bienes Nacional y otras instancias gubernamentales.
Los imputados están arrestados desde el pasado 18 de marzo en la cárcel de la cuarta planta de la Fiscalía del Distrito Nacional, acusados de violaciones a las leyes 448-06 y 311-14, además de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
En el documento se afirmó que Lockward y Mejía Ávila se presentaron ante Roberto Santiago Moquete, otro imputado, ofertándole gestionar un pago irregular a través de la estructura criminal.
Asimismo, que en la oficina de abogados Ángel Lockward & Asociados, S.R.L., se realizaron cesiones de créditos ficticias para realizar los pagos a la supuesta estructura criminal del exministro de Hacienda Donald Guerrero, utilizando la empresa Axionova Group, S.R.L. y al señor Pedro Ma. De la Altagracia Veras, a través de los cuales recibieron la suma de RD$296,637,125 y, a nombre de Mejía Ávila, RD$9,394,526.
Mejía Ávila está relacionado también en el caso de expropiación de la sociedad inmobiliaria Algodonal S.R.L, en la que recibió una cesión de crédito más 55 millones de pesos, en calidad de testaferro del investigado Ángel Lockward.
El Ministerio Público depositó la noche de este lunes, ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, la solicitud de medida de coerción en contra de los arrestados en la operación Calamar, a los que acusa de ser parte de una red de corrupción que distrajo al Estado dominicano más de 19 mil millones de pesos.
