Santo Domingo.– La directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, manifestó preocupación por las recientes declaraciones del diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Jorge Frías, relacionadas con empleados que habrían denunciado presuntos descuentos salariales, y reiteró que los servidores públicos tienen el deber de informar cualquier irregularidad.
Ortiz Bosch aseguró que el Gobierno mantiene una política firme de persecución y sanción contra funcionarios vinculados a prácticas indebidas dentro de las instituciones del Estado.
“Es una historia de acción, seguiremos actuando de manera correcta”, expresó.
Indicó que, en coordinación con la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, trabajan en la orientación, prevención y seguimiento de posibles faltas administrativas o actos de corrupción.
Al referirse a los señalamientos del legislador, calificó sus declaraciones como inoportunas y recordó que la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública promueve la transparencia y obliga a los empleados públicos a comunicar cualquier irregularidad.
“Cada ciudadano, y sobre todo si es empleado público, tiene la obligación de denunciar para corregir. No es oportuno desincentivar ese proceso”, sostuvo.
Sin emitir juicios directos, reiteró que el manejo de estos temas debe hacerse con prudencia y apego a la ley.
Las declaraciones surgen tras una serie de reportajes difundidos en el programa “N Investiga”, de la periodista Nuria Piera, en los que se denuncian presuntos cobros a empleados del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) para fines políticos. Casos similares también fueron señalados anteriormente en el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA).
En ese contexto, el presidente Luis Abinader dispuso la destitución del rector del ITLA, Rafael Féliz.
