Una finca agropecuaria valorada en más de US$3.8 millones figura entre los bienes más costosos del entramado.
Santo Domingo.– Apartamentos, villas de lujo, fincas agrícolas, plazas comerciales, terrenos y decenas de vehículos forman parte del amplio listado de bienes que el Ministerio Público solicitó decomisar como parte del proceso judicial del caso Coral, uno de los mayores expedientes de presunta corrupción administrativa en el país.
Entre las propiedades de mayor valor destaca una finca avícola, ganadera y agropecuaria ubicada en Sabana Grande de Boyá, estimada en US$3,856,046.00, considerada hasta el momento el activo más costoso identificado por el órgano acusador.
En esos terrenos operaba la Asociación Campesina Madre Tierra, entidad sin fines de lucro vinculada al mayor general Adán Cáceres y al coronel Rafael Núñez de Aza, ambos imputados en el proceso.
Fincas y propiedades agrícolas
Dentro de la lista de bienes figuran además otras cuatro fincas:
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Una plantación de piña en Pueblo Nuevo, distrito municipal Chirino, Monte Plata, valorada en RD$32,256,056.00.
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Una finca agrícola en la carretera Mata Los Indios–Chirino, tasada en US$342,040.00.
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Una plantación de cacao en el tramo Los Botados–Camarón, Yamasá, con valor estimado de US$265,546.00.
Proyectos residenciales y villas
En el ámbito inmobiliario, el Ministerio Público incluyó:
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Un proyecto residencial compuesto por cuatro viviendas familiares y áreas comunes en Colina del Oeste, Santo Domingo, valorado en US$3,502,004.13.
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Una villa de lujo en Balcones del Atlántico, Las Terrenas, estimada en US$500,000.00.
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Más de 25 apartamentos distribuidos entre el Distrito Nacional, Punta Cana y Santiago.
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Viviendas adicionales en San Francisco de Macorís y Santo Domingo Oeste.
Terrenos, comercios y vehículos
El expediente también contempla:
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Una plaza comercial de 44 locales en la autopista Duarte, valorada en RD$92 millones.
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Un terreno con edificación comercial en la avenida Charles de Gaulle, estimado en RD$123,649,234.02.
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Alrededor de 70 vehículos, entre ellos camiones, maquinaria agrícola, jeepetas, autos deportivos, eléctricos y de lujo.
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Cuentas bancarias, certificados financieros y otros productos monetarios actualmente inmovilizados.
Proceso judicial
Durante la audiencia del 5 de febrero de 2025, el Ministerio Público solicitó penas de entre 15 y 20 años de prisión, además de multas de 300 y 400 salarios mínimos, contra los implicados.
El expediente señala como principales cabecillas a los generales Adán Benoni Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou y Julio Camilo De los Santos Viola, acusados de encabezar una red que habría sustraído al Estado más de RD$4,500 millones.
El órgano persecutor sostiene que el decomiso de estos bienes busca recuperar activos presuntamente obtenidos mediante actos de corrupción y restituirlos al patrimonio público.
