“Yo creo que el Ministerio Público tiene que hacer el trabajo de persecución de esa corrupción, pero también que los tribunales escuchen al pueblo dominicano; no podemos durar cuatro o cinco años esperando sentencia”, sentenció Leidy Blanco García.
Santo Domingo.- Leidy Blanco García, coordinadora general de Participación Ciudadana, manifestó su descontento por el caso de supuesta corrupción dentro del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
“Esto nos abre una herida muy profunda dentro del pueblo dominicano. Está es la corrupción más lesiva, más burda y más soez que hemos visto en toda la historia de la República Dominicana”, reveló Blanco García mientras sostenía un encuentro con la prensa.
Además, pidió “escuchar el pueblo dominicano” al Ministerio Público y los distintos tribunales apoderados del caso.
“Yo creo que el Ministerio Público tiene que hacer el trabajo de persecución de esa corrupción, pero también que los tribunales escuchen al pueblo dominicano; no podemos durar cuatro o cinco años esperando sentencia”, sentenció.
Salir a las calles
Asimismo, comentó que las autoridades deben hacerle frente al caso para condenar a los señalados y así dejar atrás otros acontecimientos donde la impunidad ha predominado.
La abogada señalo que, de no ser así, las personas tendrán que salir a protestar.
“Si no se da, tendremos que salir a marchar. Estamos hablando de un derecho tan fundamental (salud), pero tan denegado en República Dominicana”, aseveró.
La abogada concluyó detallando que el material que existe en la medida de coerción pedida por el Ministerio Público le parecen una “película de terror”.
Caso Senasa
Durante el fin de semana el Ministerio Público llevó a cabo allanamientos y arrestos que dejaron un total de diez imputados en el caso de supuesta corrupción dentro del Senasa.
Entre esos diez señalados estuvo Santiago Marcelo Hazim Albainy, exdirector ejecutivo del Senasa durante el periodo 2020-2025.
Tras ser aplazada la solicitud de medida de coerción en contra del ex director de Senasa, Santiago Hazim y otros nueve imputados, la magistrada calificó el caso como un “atentado directo a un derecho fundamental de las personas”
Conforme a la solicitud de medida de coerción de 18 meses presentada por el órgano persecutor, al grupo se le imputan cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
