El mandatario también recibió credenciales de los embajadores de Alemania y Países Bajos.
Santo Domingo.- El presidente de la República, Luis Abinader, recibió las cartas credenciales de tres embajadores designados por los gobiernos de Alemania, Países Bajos y México para representarlos ante el Estado dominicano.
Entre ellos estuvo Carlos Miguel Aysa González, de los Estados Unidos Mexicanos, contra quien un bloque de diputados del Congreso mexicano envió en abril pasado una carta al presidente Abinader y a los presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado.
Se recuerda que los coordinadores de los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) advirtieron a las autoridades dominicanas que la designación de Aysa González «pondría en riesgo» las relaciones entre ambos países que, según ellos, «no pueden ni deben verse afectadas por una designación política empañada de corrupción».
Aseguraban que Aysa González consiguió el puesto de embajador en un cuestionado intercambio con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. El diplomático se había prestado «a un pacto con el Gobierno Federal para entregar el Estado de Campeche, al movimiento encabezado por el presidente, a cambio del nombramiento como embajador, afectando así la vida democrática de nuestro país».
Los congresistas afirmaban que las supuestas negociaciones «influyen en la vida interna de nuestro país y que promueven la corrupción desde el nivel más alto de gobierno».
«Distinguidos miembros de la vida política de la República Dominicana, en la actual administración a práctica de intercambio de favores por un nombramiento diplomática se ha convertido en una constante, dejando en entredicho el gran trabajo de nuestra nación en las relaciones internacionales, al grado de socavar a nuestro Servicio Exterior Mexicano», escribieron.
A pesar de las críticas, el Senado mexicano ratificó al embajador elegido por el presidente López Obrador.
Carlos Miguel Aysa González es abogado de profesión y antes de su designación se había desempeñado en su país como gobernador del Estado de Campeche.
