Los diputados aprueban penas de 40 años de cárcel contra los traficantes de migrantes
Santo Domingo.- En la sesión ordinaria celebrada este miércoles, los diputados convirtieron en ley el proyecto que modifica la normativa 137-03 de Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, sometida ante el Congreso por el Poder Ejecutivo.
La normativa ahora establece nuevos límites sancionadores, tomando en cuenta la razonabilidad y proporcionalidad de la pena para los casos de tráfico ilícito de migrantes. En lo adelante quienes incurran en este tipo de delitos podrían ser condenados hasta 25 años de prisión.
La nueva ley establece que quienes sean encontrados culpables del delito de trata de personas serán sancionados con la pena de veinte a veinticinco años de reclusión y multa de setecientos a mil 500 salarios mínimos del sector público.
También subraya que “El delito de trata de personas no prescribe”.
Asimismo, señala que el funcionario o servidor público hallado culpable o cómplice del delito de trata de personas se le impondrá, como pena complementaria, la inhabilitación por espacio de diez años para ejercer cualquier tipo de función pública y, en caso de reincidencia, la inhabilitación será por veinte años, cuyo cumplimiento inicia a partir del término de la sanción privativa de la libertad impuesta.
El proyecto establece que el delito de trata de personas será castigado con penas de 20 a 25 años de reclusión y multas de entre 700 y 1,500 salarios mínimos del sector público. A quienes participen como cómplices, se les impondrá entre 15 y 20 años de prisión.
También contempla como agravante para los delitos de tráfico ilícito de migrantes y de trata de personas, la participación de funcionarios de los órganos extra poder, así como los demás poderes del Estado y los gobiernos locales.
En el caso del tráfico ilícito de migrantes, la pena base para los cómplices será de 10 a 15 años de prisión. Sin embargo, cuando se presentan circunstancias agravantes, las penas pueden escalar y llegar hasta los 40 años de prisión.
Este proyecto de ley fue sometido por el Poder Ejecutivo el pasado 7 de abril, siendo esa la segunda ocasión en que el Gobierno buscaba reformular la normativa 137-03.
