Santo Domingo.- El expresidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario Márquez calificó de “amnistía disfrazada” un anteproyecto de ley presentado por la diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Maribel Almánzar de Ogando, al considerar que busca facilitar el otorgamiento de la nacionalidad dominicana a extranjeros que habrían incurrido en irregularidades para obtener documentos del Registro Civil y de identidad.
Rosario sostuvo que la iniciativa introducida en la Cámara de Diputados bajo el argumento de atender a un grupo de personas que supuestamente carece de identidad, procura abrir las puertas a la nacionalización de ciudadanos extranjeros mediante un procedimiento de regularización sustentado en razones humanitarias.
El exfuncionario denunció que algunos de los beneficiarios potenciales habrían cometido actos ilícitos contra el Registro Civil y el sistema de identificación nacional para acreditarse una nacionalidad que no les corresponde, debido a que conservan su nacionalidad de origen.
A su juicio, la propuesta contradice la Constitución de la República, la Ley 169-14 y la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional. También advirtió que su aprobación podría provocar un incremento de la llegada de ciudadanos extranjeros al país, con posibles consecuencias para la seguridad y la estabilidad nacional.
Como parte de sus argumentos, recordó que en 2014 fue aprobada la Ley 169-14 mediante la cual se establecieron las condiciones y los procedimientos para regularizar a extranjeros que no hubieran cometido falsedad documental y que por determinadas razones de Estado podían acogerse a los beneficios contemplados en esa legislación.
Rosario también cuestionó el momento en que fue introducida la iniciativa, previo a la apertura del próximo ciclo electoral que concluirá en febrero y mayo de 2028 con las elecciones municipales, legislativas y presidenciales.
El expresidente de la JCE atribuyó a la propuesta de la diputada oficialista un posible interés electoral y no humanitario, al considerar que podría afectar la legitimidad y la integridad de los próximos procesos electorales.
En sus declaraciones, explicó que la identidad personal constituye la manifestación individualizada de la filiación y que a través de esta las personas ejercen derechos civiles, políticos y económicos. Por esa razón, sostuvo que cualquier legislación que desconozca esa relación podría ser anulada por el Tribunal Constitucional.
Rosario insistió en que el anteproyecto representa otro intento de establecer una amnistía general y criticó que se pretenda otorgar la nacionalidad dominicana sin observar las disposiciones constitucionales y legales que regulan su adquisición.
Comparó la propuesta con el establecimiento de un “mercado persa”, en el que la nacionalidad dominicana sería tratada como un producto cualquiera, sin tomar en cuenta su valor jurídico ni los requisitos establecidos por las leyes.
Frente a las personas que alegan haber sido afectadas en sus derechos de identidad y documentación, recomendó acudir a los tribunales de la República para que las autoridades competentes examinen cada situación de manera individual y determinen las medidas correspondientes.
En cambio, reclamó al Gobierno y a las instituciones competentes la aplicación de la Ley General de Migración 285-04, respetando el debido proceso y los derechos fundamentales de las personas, conforme a lo establecido en la Constitución.
“Todo parece indicar que el referido proyecto se hizo pensando en favorecer una población internacional y una población nacional que como dice la propia legisladora, aprovecharon debilidades para cometer actos irregulares, que no pueden ser solucionadas en detrimento del derecho de personas que han convivido en concordancia con las leyes y en transgresión de nuestra Norma Sustantiva y las leyes adjetivas existentes en materia registral”, concluyó Roberto Rosario Márquez.
