Santo Domingo.– El director general de Prisiones, Roberto Santana, aseguró que los imputados en el denominado caso Cobra, vinculado a un presunto desfalco al Estado a través del Seguro Nacional de Salud (SENASA), cumplirán las medidas de coerción sin recibir privilegios ni tratos especiales.
Santana afirmó que el sistema penitenciario dominicano garantiza el respeto a la dignidad humana de todos los privados de libertad, independientemente de su estatus social, pero dejó claro que no habrá excepciones. “Se respetará la dignidad de los imputados, pero no se otorgarán privilegios”, precisó.
Explicó que el sistema se encuentra en un proceso de adecuación dentro del marco de la reforma penitenciaria, lo que permitirá atender a internos con distintas condiciones, incluidas aquellas de carácter médico, en referencia a los argumentos presentados por la defensa del exdirector de SENASA, Santiago Marcelo F. Hazim Albainy.
El funcionario reiteró que cualquier persona sometida a prisión preventiva o arresto domiciliario será tratada conforme a la ley, recordando que prácticas del pasado —como el ingreso de vehículos de lujo a centros penitenciarios en casos de corrupción— no serán toleradas.
En cuanto a los derechos de los imputados, Santana indicó que estos incluyen comunicación telefónica, alimentación adecuada, atención médica, respeto a la integridad física y acceso a procesos de reinserción social. No obstante, aclaró que, por razones de seguridad y debido a la exposición pública del caso, los acusados no serán ubicados en áreas comunes, medida que no constituye un privilegio.
Detalló que Hazim Albainy y los demás imputados permanecerán en una fase de observación mientras avanzan las diligencias del Ministerio Público y las visitas de sus abogados, bajo un régimen ordinario y sin riesgos para su integridad.
Asimismo, informó que los traslados a los distintos centros penitenciarios se realizarán de manera gradual, como parte del protocolo institucional.
Respecto a los imputados que cumplirán arresto domiciliario, Santana advirtió que tampoco gozarán de beneficios especiales y que sus visitas y actividades serán estrictamente vigiladas por la Dirección General de Prisiones, conforme a lo dispuesto por los tribunales.
Finalmente, aseguró que estas medidas buscan garantizar transparencia, igualdad de trato y tranquilidad a la ciudadanía frente al manejo del caso.





