Santo Domingo. A horas de recibir la iniciativa, el Senado de la República dio entrada formal y envió a una comisión bicameral el «proyecto de ley de medidas pro-crecimiento económico, simplificación tributaria y mitigación de la crisis internacional» sometido por el Poder Ejecutivo al órgano legislativo esta mañana.
La comisión mixta estará integrada por los senadores Pedro Catrain, quien la presidirá; Andrés Guillermo Lama, Alexis Victoria Yeb, Ginnette Bournigal, Ramón Rogelio Genao, Félix Bautista, Lía Díaz, Aracelis Villanueva, Edward Espiritusanto, Moisés Ayala y Antonio Marte.
Similar al Senado, la Cámara Baja deberá conformar a los otros integrantes de la comitiva, cuyo vicepresidente será un diputado.
Con el equipo de senadores y diputados, el Congreso Nacional busca agilizar el tratamiento de la pieza, con el propósito de que sea aprobada sin contratiempos.
En su sesión extraordinaria de hoy y tal como se esperaba, la Cámara Alta agregó el proyecto de ley a la agenda del orden del día y lo remitió «en seguida» a estudio.
El marco de ley entra por el Senado, a diferencia de la pasada reforma fiscal, que fue depositada en la Cámara de Diputados, donde fracasó al ser rechazada por distintos sectores y luego de una vista pública.
Ayer, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, defendió este jueves la estrategia tributaria que el Gobierno someterá al Congreso Nacional como una iniciativa de alcance limitado, orientada a obtener ingresos adicionales por entre 40,000 y 50,000 millones de pesos para mitigar el impacto de la crisis internacional, contener el déficit fiscal y financiar subsidios críticos, principalmente en combustibles y electricidad.
Durante una presentación ante directores y otros representantes de los medios de comunicación, Díaz explicó que la propuesta no persigue resolver el problema estructural de las finanzas públicas ni llevar el déficit a cero, sino dotar al Gobierno de recursos adicionales en medio de un escenario marcado por el aumento de los precios internacionales, las presiones sobre el gasto público y la necesidad de mantener la estabilidad macroeconómica y social.
“El objetivo es tener algo de ingresos adicionales y llevar un proyecto que sea razonable”, sostuvo el funcionario al precisar que la meta equivale a alrededor de 0.5 % o 0.6 % del producto interno bruto. Agregó que el monto final podría mejorar por las medidas de control de evasión, aunque aclaró que esos efectos son difíciles de cuantificar de forma anticipada.
