El magistrado Raymundo Mejía indicó que su decisión está basada en la extemporaneidad de la solicitud, que fue declinada por el Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional
Santo Domingo.– El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, declaró este viernes inadmisible la solicitud de contra peritaje en las ruinas de la discoteca Jet Set, escenario de la tragedia que dejó 236 fallecidos y cientos de heridos, al considerar que el pedimento fue presentado fuera del plazo legal correspondiente.
La solicitud había sido sometida por el abogado Miguel Valerio, representante de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, imputados en el proceso. Sin embargo, el magistrado fundamentó su decisión en la extemporaneidad del requerimiento, el cual previamente había sido declinado por el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional —tribunal de control del caso— para que fuera conocido en esta etapa procesal.
Durante la audiencia, el Ministerio Público, representado por el procurador fiscal Miguel Collado, sostuvo que el proceso judicial debe respetar el orden de las fases establecidas por la ley. “En justicia todo tiene un curso lineal y nada se puede transformar”, expresó ante el tribunal. A su postura se sumaron los abogados que representan a las víctimas.
Los querellantes también señalaron que la defensa, además de presentar la solicitud fuera de tiempo, no aportó documentación que acreditara la idoneidad técnica de los peritos propuestos.
De acuerdo con el expediente acusatorio, el informe pericial del Ministerio Público atribuye a los imputados una conducta negligente agravada al sobrecargar la estructura del techo del establecimiento con equipos de climatización de gran volumen y tinacos de agua, sin realizar estudios que garantizaran la resistencia de la edificación. Asimismo, habrían ignorado advertencias internas sobre el deterioro estructural, priorizando el ahorro económico pese a los riesgos evidentes.
El documento recoge los hallazgos de los expertos Leonardo de Jesús Reyes Madera, ingeniero sismorresistente; Eduardo A. Fierro, presidente de BFP Engineers; y Máximo José Corominas Quezada, ingeniero patólogo, designados por el órgano acusador para evaluar las causas del colapso.
El Ministerio Público imputa a los hermanos Espaillat, responsables de la operación del centro de diversión ubicado en la avenida Independencia, los delitos de homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, tipificados en los artículos 319 y 320 del Código Penal dominicano.
La acusación se sustenta en cientos de elementos probatorios que, según la Fiscalía, comprometen la responsabilidad penal de los procesados en una de las tragedias más devastadoras registradas en espacios de entretenimiento del país.
