Por Luis José Chávez
En el país hay cientos de hoyos, semilleros y comunidades marginales, como el de Friusa, que ni siquiera tienen que ver con la presencia haitiana, sino con el incumplimiento de las normas de planificación urbana que regulan el uso de suelo y los permisos de construcción en territorio dominicano.
Antes de que Friusa y Mata Mosquitos fueran poblados masivamente por trabajadores haitianos y dominicanos (estos últimos en menor medida), ya existían asentamientos urbanos informales en el Gran Santo Domingo, con nombres tan conocidos y sonoros como Borojol, La Ciénaga, Domingo Savio, Gualey, Guachupita, Los Guandules, 27 de Febrero, Loma del Chivo, Capotillo, Simón Bolivar, Las Cañitas, La Zurza, Cristo Rey, Hoyo de Chulín, Cañada de Benavides, Kilombo, Cañada del Diablo, Cañada de Guajimía, Herrera, La Barquita, Maquiteria, Los frailes, Villa Faro y la Ureña, entre otros.
Pero no se trata de una condición exclusiva de la Gran Capital. Santiago de los Caballeros también tiene sus propios barrios marginales surgidos bajo la indiferencia de las políticas de gestión urbana, como son la Cañada del Diablo, Pontezuela, Hoya del Caimito, Camboyita, Baldom, barrio la Cacata, La Gloria de Cienfuegos y el Hoyo de Bartola.
Estas comunidades tienen en común, al igual que Friusa y Verón Punta Cana, haberse desarrollado inicialmente al margen de las normas y procedimientos legales que rigen la gestión urbana, entre ellas la ley 675 de Ornato y Construcciones, de 1944; la ley 62-32, sobre Planificación Urbana, de 1962; el decreto 385-87, del 30 de julio de 1987, que crea el Consejo Nacional de Asuntos Urbanos (CONAU); y la ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios (antes 34-55 y 34-56 de organización municipal).
Durante varias décadas, la práctica usual de los ayuntamientos del país fue aplicar tales normativas a la construcción de viviendas, edificaciones y urbanizaciones formales, pero no así a los asentamientos precarios que surgían de la noche a la mañana en terrenos invadidos o que carecían de títulos de propiedad, un requisito innegociable para autorizar una construcción o un cambio de uso.
En esas circunstancias, parecía que los gobiernos locales y nacionales aceptaban las ocupaciones ilegales de terrenos y la habilitación de asentamientos informales, sin los servicios básicos esenciales, como un mal necesario, hasta que la administración del presidente Luis Abinader decidió agarrar al toro por los cuernos.…
Políticas públicas para superar el caos y ejercer el control del territorio
A continuación me permito citar algunas iniciativas institucionales aplicadas por el Gobierno actual para revertir el modelo de desarrollo urbano caótico que ha predominado en nuestras ciudades y en las principales comunidades turísticas del país.
Programa de titulación. La puesta en marcha de este programa le ha permitido al Gobierno proveer de sus títulos de propiedad a más de 117 mil familias en todo el país, en cumplimiento de la meta trazada de alcanzar a 300 mil familias al cierre del actual mandato, creando las condiciones para superar el status de informalidad que ha venido afectando a cientos de miles de familias en todo el país.
Ley de Ordenamiento Territorial. La promulgación de la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, en diciembre de 2022, después de una larga espera de 17 años, ha puesto en manos del Estado Dominicana una herramienta clave para ordenar el territorio y garantizar la sostenibilidad ambiental, proteger los suelos agrícolas y regular la expansión urbana. Con la aplicación responsable de esta normativa no deberían surgir más Friusas, ni más Guijimías.
Más viviendas y mejoras habitacionales. A través de los programas “Dominicana se Reconstruye”, “Mi Vivienda” y “Familia Feliz”, el Gobierno ha canalizado en los últimos 4 años una inversión superior a los 29 mil millones de pesos, favoreciendo a más de 303 mil familias a través de nuevas viviendas y mejoras habitacionales, un logro complementado con el Plan Nacional de Titulación, primer escalón para alcanzar el sueño de una vivienda propia digna.
Agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento ambiental. Sin servicios tan elementales como el agua potable y el saneamiento ambiental, no hay forma de cambiar la vida de la gente. En tan solo 4 años, el Gobierno de Abinader ha invertido 25 mil millones de pesos a través del INAPA, en construcción y rehabilitación de sistemas de agua y saneamiento, que han ayudado a cambiar la vida de dos millones de dominicanos, incluyendo el Hoyo de Bartola, impactado por el formidable programa de Saneamiento del Arroyo de Gurabo en Santiago.
