Por Felipe Castro
Recientemente el Dr. Eduardo Jorge Prats, por mandato del Ing. Miguel Vargas Maldonado, presidente del Partido Revolucionario Dominicano, interpuso por ante el Tribunal Constitucional, un recurso de suspensión de la ejecución de la Sentencia TSE-004-2018, la cual reintegró con todos sus derechos y deberes a los organismos de ese partido al Dr. Guido Orlando Gomez Mazara, y a su vez contribuyó con el fortalecimiento institucional de la Nación.
Ese pedimento además de anacrónico hace a Guido Gomez Mazara, un ciudadano de excepción; sin deberes ni derechos, y que con ser miembro de la comisión ejecutiva de esa organización política es capaz de ser una amenaza a la estabilidad y vida funcional del todo poderoso PRD, que la actual dirección tomo con un 47 por ciento y hoy esas mismas autoridades lo han disminuido a un 5 por ciento a pesar de tener todo el apoyo del gobierno.
Jorge Prats y Vargas Maldonado, en algo tienen razón, al ser reintegrado, Guido Gómez Mazara, a esos organismos, ciertamente, se constituye en una amenaza a la estabilidad de los negocios que Miguel Vargas Maldonado hace con el gobierno con el aval de las siglas de esa disminuida organización política, que le ha permitido hacer grande negocios y que Jorge Prats no se sustrae a eso.
Los argumentos que el jurista del PRD, expone para desmeritar la sentencia intervenida son puramente personales, y hace suponer que Miguel Vargas, convirtió al Partido Revolucionario Dominicano en una Compañía Por Acciones, que no es una institución de derecho publico, que su presidente es el accionista mayoritario y entre sus accionista minoritarios están el Letrado Edwardo Jorge Prats, el Magistrado Milton Ray Guevara, el Magistrado Díaz Filpo y Víctor Gómez Casanova, hijo del Magistrado Víctor Gómez Vergés, y para que no se quiebre ese negocio el Tribunal Constitucional, cuya misión es guardián de la Constitución y preservar los derechos de las personas deberá suspender la ejecución de dicha sentencia.
A la luz de lo que estipula la Ley 29-11 que rige las acciones del Tribunal Superior Electoral que en su primer Considerando estipula que: la Constitución de la República establece la figura del Tribunal Superior Electoral como «órgano competente para juzgar y decidir con carácter definitivo sobre los asuntos contenciosos electorales y estatuir sobre los diferendos que surjan a lo interno de los partidos, agrupaciones, movimientos políticos o entre éstos. Reglamentará, de conformidad con la ley, los procedimientos de su competencia y todo lo relativo a su organización y funcionamiento administrativo y financiero.
El articulo 3 de la misma ley establece que: El Tribunal Superior Electoral es la máxima autoridad en materia contenciosa electoral y sus decisiones no son objeto de recurso alguno, y pueden sólo ser revisadas por el Tribunal Constitucional cuando la misma sea manifiestamente contraria a la Constitución.
Asimismo la constitución de la republica en su articulo 68 dicta que: La Constitución garantiza la efectividad de los derechos fundamentales, a través de los mecanismos de tutela y protección, que ofrecen a la persona la posibilidad de obtener la satisfacción de sus derechos, frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos. Los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes públicos, los cuales deben garantizar su efectividad en los términos establecidos por la presente Constitución y por la ley.
Por su parte el articulo 6 del Código Civil Dominicano manda que: Las leyes que interesan al orden público y a las buenas costumbres no pueden ser derogadas por convenciones particulares.
El anterior preámbulo jurídico deja claro que las pretensiones de Miguel Vargas Maldonado de inhabilitar a Guido Gomez Mazara, para que no le dipute la presidencia del PRD, no tiene ninguna posibilidad de éxito. En caso de que la suspensión de la ejecución de la sentencia intervenida tenga éxito, seria siempre fuera del marco de la razón jurídica y el derecho constitucional, en virtud de que a una persona no se le puede despojar de sus derechos fundamentales por caprichos particulares. Ya lo que mismos están protegidos por esos principios sustentados en las leyes de la Republica.
El negocio en el cual MVM, no hace inversión económica alguna esta en Jaque a punto de Mate, y el propio Miguel, próximo a ir al abismo del anonimato, que es a lo que le teme como el Diablo le teme a la Cruz.
Felipecastro23@hotmail.com
