El tribunal se reserva la decisión sobre el envío a juicio de los hermanos Espaillat, mientras el Ministerio Público insiste en la existencia de pruebas suficientes que comprometen su responsabilidad penal.
Santo Domingo. — El juez Raymundo Mejía, titular del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dejó en estado de fallo el proceso penal derivado del colapso de la discoteca Jet Set y fijó para el próximo 15 de junio, a las 10:00 de la mañana, la lectura íntegra de la decisión que determinará si Antonio y Maribel Espaillat serán enviados a juicio de fondo.
La decisión de reservar el fallo se produjo tras la culminación de la fase de debates, que incluyó la defensa material de Maribel Espaillat, así como las réplicas y contrarréplicas del Ministerio Público, la defensa técnica de los imputados, los representantes de la parte querellante y las víctimas del proceso.
El magistrado fundamentó su determinación en la declaratoria de tramitación compleja del caso, lo que —según explicó— amerita un análisis exhaustivo de la voluminosidad probatoria y de los testimonios presentados. En ese sentido, recordó que el Código Procesal Penal establece un plazo de entre 30 y 45 días para la emisión del fallo en procesos de esta naturaleza.
No obstante, subrayó que, en aras de la celeridad procesal, el tribunal optó por acoger el plazo mínimo previsto por la normativa. “El tribunal ha procedido a contabilizar los 30 días, que es el plazo mínimo. Vamos a fijar la lectura íntegra de la decisión, la parte resolutiva y la entrega de la resolución para el 15 de junio a las 10:00 de la mañana”, precisó.
Durante la audiencia, familiares de las víctimas fatales y sobrevivientes expusieron ante el tribunal las secuelas personales y emocionales derivadas del siniestro, mientras que los imputados y sus representantes legales articularon sus medios de defensa en procura de descartar responsabilidad penal.
Ministerio Público reitera solicitud de envío a juicio
A la salida de la audiencia, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, manifestó su expectativa de que el tribunal adopte una decisión conforme a derecho y disponga el envío a juicio de fondo de los acusados, al considerar que concurren elementos probatorios suficientes para sustentar la acusación.
El funcionario advirtió, además, sobre las limitaciones del Código Penal vigente —con más de 140 años de antigüedad— para establecer sanciones proporcionales a la magnitud del daño causado. “Lamentablemente, en las condiciones actuales del Código Penal es difícil hacer una correlación entre la sanción que establece la norma y el dolor que han vivido los cientos de víctimas como consecuencia de la irresponsabilidad y negligencia extrema de los administradores de esta discoteca”, sostuvo.
Peritaje técnico y teoría del caso
Camacho indicó que el Ministerio Público desarrolló una investigación integral desde las fases iniciales, incluyendo la designación de una comisión de peritos —con participación de un experto internacional— para determinar las causas del colapso estructural.
Según el órgano acusador, el derrumbe se produjo como consecuencia del sobrepeso colocado en el techo del establecimiento, elemento que, afirmó, se encuentra debidamente acreditado en los informes periciales incorporados al proceso y no controvertidos sustancialmente por la defensa.
El expediente también recoge evidencias documentales, audiovisuales y comunicaciones internas que, de acuerdo con la acusación, evidencian conocimiento previo de fallas estructurales y la adopción de medidas paliativas insuficientes por parte de los administradores.
En ese contexto, el Ministerio Público sostiene que los imputados incurrieron en una conducta de culpa consciente, al prever el riesgo y, aun así, continuar con la operación del establecimiento en condiciones inseguras.
Asimismo, se argumenta que la estructura del techo habría sido sobrecargada mediante la instalación de equipos de climatización de gran tonelaje —incluyendo seis unidades de entre 15 y 20 toneladas— y sistemas de almacenamiento de agua, sin la realización de estudios técnicos que garantizaran la capacidad de soporte del inmueble.
Estas condiciones, sumadas al deterioro progresivo de la edificación, habrían desencadenado el colapso que dejó a decenas de personas atrapadas bajo los escombros, con las consecuencias fatales ampliamente documentadas en el proceso.
El tribunal emitirá su decisión el 15 de junio, en una audiencia que incluirá tanto la lectura de la parte dispositiva como la entrega formal de la resolución motivada, marcando un punto decisivo en uno de los procesos judiciales de mayor impacto en la historia reciente del país.
