El órgano acusador descarta la necesidad de un nuevo peritaje, insiste en la solidez de las pruebas y reitera su solicitud de apertura a juicio de fondo.
Santo Domingo. — El Ministerio Público reafirmó este viernes su determinación de procurar las sanciones más severas previstas en la legislación penal contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, imputados por el colapso del techo de la discoteca Jet Set, tragedia que dejó 236 fallecidos y al menos 180 heridos.
La posición fue reiterada por el procurador adjunto y director de Persecución, Wilson Camacho, al término de la audiencia en la que el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional se reservó para el 15 de junio la decisión sobre la eventual apertura a juicio de fondo.
El representante del órgano persecutor sostuvo que existen elementos probatorios suficientes para sustentar la acusación, razón por la cual el Ministerio Público ha solicitado formalmente el envío a juicio del caso. En ese sentido, aseguró que la investigación ha agotado todas sus etapas, desde la recolección de evidencias hasta la presentación de un peritaje técnico concluyente sobre las causas del siniestro.
Camacho rechazó, además, la pretensión de la defensa de ordenar un nuevo peritaje, calificándola de innecesaria. Argumentó que los informes técnicos incorporados al proceso han sido suficientemente debatidos en audiencia y que, incluso, aspectos sustanciales de dichas pruebas no han sido controvertidos por los propios abogados de los imputados.
Derechos de las víctimas y alcance de la acusación
Durante el desarrollo de la audiencia, el Ministerio Público también insistió en la necesidad de garantizar que todas las víctimas fueran escuchadas, destacando que este derecho constituye un pilar fundamental tanto del debido proceso como de una eventual reparación integral.
El órgano acusador atribuye a los imputados una conducta de negligencia extrema en la administración del establecimiento, señalando que las condiciones estructurales del inmueble habrían sido alteradas sin los debidos estudios técnicos, lo que derivó en el colapso del techo.
En ese contexto, Camacho enfatizó que, pese a las limitaciones del Código Penal vigente —con más de 140 años de antigüedad—, el Ministerio Público insistirá en la imposición de las penas más drásticas contempladas en la normativa.
“Aunque las limitaciones de un Código Penal con 140 años de vigencia restringen la severidad de las sanciones, el órgano acusador insistirá en que se impongan las condenas más severas previstas por la ley, en proporción a la magnitud del daño causado”, expresó.
La decisión del tribunal, pautada para el 15 de junio, marcará un punto determinante en el proceso, al definir si el caso avanza a la fase de juicio de fondo en uno de los expedientes de mayor impacto social y judicial en la historia reciente de la República Dominicana.





