Ministerio Público arresta a 28 personas en nueva fase de Operación Cobra 2.0-A

Durante los allanamientos, las autoridades ocuparon bienes, dinero en efectivo, vehículos y armas de fuego, de acuerdo con el órgano persecutor.

Santo Domingo.- El Ministerio Público puso en marcha este viernes la Operación Cobra 2.0-A, en la que fueron arrestadas 28 personas y se realizaron 37 allanamientos como parte de la investigación sobre una presunta estructura de corrupción que habría defraudado al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) con miles de millones de pesos.

Los allanamientos fueron realizados en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega, informó el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, mediante un comunicado

En el operativo participaron 45 fiscales, 200 agentes de la Policía Nacional y 16 miembros de la Unidad de Investigaciones Criminales, con participación de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), bajo la coordinación del Ministerio Público.

Camacho explicó que esta nueva fase da continuidad a la Operación Cobra, mediante la cual el Ministerio Público investiga a exfuncionarios y empleados de SeNaSa, médicos y otras personas a las que atribuye maniobras para sustraer fondos de la ARS pública.

Durante los allanamientos, las autoridades ocuparon bienes, dinero en efectivo, vehículos y armas de fuego, de acuerdo con el órgano persecutor.

El proceso judicial

En la primera etapa de la investigación fueron arrestados Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector ejecutivo de SeNaSa y señalado por el Ministerio Público como cabecilla de la estructura, así como Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo.

El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó el pasado 5 de agosto la prisión preventiva por 18 meses contra Hazim Albainy y los demás procesados. Ada Ledesma Ubiera cumple la misma medida bajo arresto domiciliario, luego de que le fuera variada por razones de salud.

También son procesados Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, quienes tienen medidas de coerción que incluyen arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país.

A este proceso se suma Ángel Luis Guzmán Vásquez, a quien el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional le ratificó el 30 de julio la prisión preventiva por 18 meses.

El Ministerio Público atribuye a los procesados delitos como coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.

Según el órgano acusador, durante la investigación se han obtenido evidencias sobre presuntos sobornos, alteración de estados financieros y programas especiales sin sustento jurídico que habrían sido utilizados para desviar recursos de SeNaSa.

Investigación vinculada al sector salud
Como parte de otras líneas de investigación relacionadas con el caso, el Ministerio Público ejecutó en junio la Operación Onco14, mediante la cual arrestó a tres personas por una presunta estructura que habría utilizado mecanismos fraudulentos para sustraer recursos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y afectar al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC) y a SeNaSa.

Los detenidos fueron Héctor Antonio Lora Cruceta, Luisa Yasiris Guzmán y Dilcia Isabel Vargas Sánchez. El Ministerio Público informó que Lora Cruceta y Guzmán cumplen prisión preventiva, mientras Vargas Sánchez permanece bajo arresto domiciliario.

En ese expediente se investigan, entre otros hechos, presunto fraude clínico y farmacéutico, doble facturación a SeNaSa, uso de sellos médicos falsos, entrega incompleta de medicamentos, venta de medicamentos donados, contrabando, tráfico de sustancias controladas, reembolsos fraudulentos, sabotaje digital y lavado de activos.

Las personas mencionadas son imputadas en procesos que se encuentran bajo investigación o judicialización, por lo que su responsabilidad penal deberá ser determinada por los tribunales correspondientes.

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