Con la confesión de Marco Vasconcelos Cruz, exgerente de Odebrecht en el país durante el periodo en que se licitó la termoeléctrica de Punta Catalina, en el sentido de que la constructora había firmado un contrato por más de 20 millones de dólares a favor de Ángel Rondón Rijo por sus gestiones para conseguir la adjudicación del contrato de ingeniería, procura y construcción de la central, el Procurador General de la Republica debe abrir una investigación penal sobre el proceso de evaluación y aprobación de la oferta económica de Odebrecht por un monto de 1,945 millones de dólares que tendremos que pagar con impuestos, sudor y lágrimas.
El Procurador General tiene en sus manos documentos e informaciones con meritos suficientes para abrir ese nuevo expediente, por lo que no se entiende sus reiteradas evasivas respecto a Punta Catalina.
La investigación debería incluir al Comité de Licitación de la CDEEE, que autorizó a la carrera (ver páginas 7 y 8 del Acta 233 del Consejo de Administración de la CDEEE, 28 noviembre 2013) la introducción de una licitante u oferta virtual [teórica] que no estaba prevista en las bases de la licitación y de la que no se conoce ningún documento oficial que le dé sustento técnico, legal y económico.
Precisamente, para justificar el monto de mil 945 millones de dólares las firmas evaluadoras (BNP Paribas, Delloite DR y Fundación Economía y Desarrollo-FEyD) igualaron la inversión total de capitales correspondiente a la supuesta construcción de la licitante virtual en los Estados Unidos, con el precio del contrato de construcción de Punta Catalina en Baní. ¡Un absurdo! ¡Una estafa!
Según el documento Updated Capital Cost, EIA 2013, página 3-3, tabla 3.1, muy citadas por los voceros de la CDEEE y de Odebrecht, la diferencia promedio entre la inversión total de capitales del licitante virtual y el precio del contrato de su construcción (EPC) es de un 20%. Precio de contrato de construcción e inversión total en la obra son dos cosas muy diferentes.
Ese 20% de los costos los está cubriendo en Punta Catalina la CDEEE, no Odebrecht. En realidad, el método del licitante virtual fue la argucia técnica utilizada para sobrevaluar en cerca de 400 millones de dólares el referido contrato. 400 millones de dólares solo por esa vía. Hay más.
Naturalmente, si el Procurador procurase conocer la verdad, entonces tendría que contratar peritos independientes, – ¡que no sea FTI Consulting!- para una auditoria experta sobre los métodos, cálculos y premisas utilizados por las tres firmas que hicieron la evaluación económica.
La técnica o truco de sobrevaluación utilizado por las firmas fue rudimentario y técnicamente elemental, por lo que algunos ingenieros y economistas locales podrían demostrar en pocas horas la barbaridad cometida contra los dineros del pueblo dominicano. En resumen, el Comité de Licitación de la CDEEE y las firmas consultoras que realizaron las evaluaciones técnicas y económicas de la licitación deberían ser sujetos principales de una investigación rigurosa por parte del Ministerio Público.
