¿Qué pasa con las reformas del presidente Abinader?

Por Juan López

El presidente Abinader reiteró, desde el inicio de su primer gobierno, que quería ser recordado como el presidente reformador. En atención a esa obsesión, depositó, el 18 de agosto de 2021, ante el Consejo Económico y Social, 12 diferentes proyectos de reformas, que fueron ampliados a 16.

Ningunos de esos 16 proyectos fue aprobado en su primer gobierno. Luego, sin evaluar, objetiva y políticamente, las causas de ese rotundo fracaso, al empezar su segundo gobierno, de inmediato se dedicó a gestionar la aprobación de otros proyectos de reformas: la Constitución, una modernización fiscal (más bien reforma tributaria), también el código laboral; complementándolas con la pretensión de fusionar o anular varias instituciones públicas.

Para esos ambiciosos objetivos, el presidente Abinader olvidó que “quien mucho abarca, poco aprieta”. La prepotencia política se le auto-infló con los resultados de las pasadas elecciones, y con su mayoría congresual (29 senadores y 146 diputados) se propuso imponer “contra vientos y mareas” y a toda velocidad las aprobaciones de sus proyectos.

También olvidó que “la prisa es mala consejera” y el histórico “vísteme despacio que voy de prisa”, razón por la cual sus emociones e improvisaciones prevalecieron ante la realidad social, económica y política de nuestro país. La mayoría del pueblo está rechazando esas reformas tanto por sus contenidos como por las formas que pretenden imponerlas. Veamos:

La aprobación de la reforma de la Constitución por su mayoría mecánica en la Asamblea Nacional Revisora ha sido recibida fríamente y sin impactar, social ni políticamente, en la población.

La propuesta de “modernización fiscal” del presidente Abinader era irracional, regresiva y abusiva. Pretendía recargar con más del 81 % la espalda de los sectores sociales más vulnerables (24 % de pobres y más del 70 % de los tres estratos sociales de la clase media); mientras dejaba intacta las evasiones (mejor dicho robos) de más del 40 % del ITBI y del 60 % de ISR, cuyas efectivas cobranzas aportarían mucho más de los 122 mil millones de pesos presupuestados en la fallida “modernización fiscal”.

Por el evidente rechazo de la mayoría de los sectores sociales, empresariales y políticos que se manifestó, pacíficamente, a través de diferentes medios, el presidente Abinader cosechó una derrota y, con visible encono y frustración política, se vio obligado a disponer el inmediato retiro de la modernización fiscal, sin presentar ninguna alternativa.

Las perspectivas de la reforma del “código laboral” son inciertas y complicadas por carecer de consenso. Las gestiones del Ministerio de Trabajo fracasaron. No se supo zanjar las diferencias entre el sector empresarial con el sindical sobre importantes artículos del código, en especial en torno a la cesantía laboral. ¡Negativos vaticinios caen sobre la aprobación y ejecución de ese proyecto!

Aun cuando se desconocen estudios transparentes sobre los beneficios económicos y sociales, las propuestas de fusionar y extinguir varias instituciones públicas se encuentran contemplada en el proyecto de Presupuesto Nacional del 2025, no obstante los cuestionamientos bien sustentados sobre las consecuencias de dichos procesos que se reflejan mediante estas preguntas:

1. – Con las fusiones y anulaciones de varias instituciones ¿el Estado será más eficaz, mejorará la calidad del gastos y se lograrán los objetivos que las actuales leyes asignan a esas instituciones?

2.- Con respecto a las nóminas: ¿Se producirán cancelaciones masivas de empleados o aumentarán las “botellas” de funcionarios que ganan altísimos sueldos?

3.- Los “estudios previos de factibilidad” (costos-beneficios económicos y sociales) que, supuestamente, realizaron ¿identifican, en formas transparentes, los tangibles beneficios que percibirá el pueblo dominicano con las pretenciosas fusiones de dichas instituciones públicas?

Esta reflexión es una exhortación a los tecnócratas y estrategas del gobierno del PRM-Abinader a gestionar la firma de un pacto fiscal con partición del liderazgo de la oposición de los partidos y de la sociedad civil y a tomar en cuenta el contenido y objetivo de la Ley Orgánica No. 1-12, de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, que, en su Art. 25, ordena:

“3.1.1.2 Impulsar una reforma fiscal integral, basado en la progresividad y transparencia tributaria, orientado a financiar el desarrollo sostenible y garantizar la sostenibilidad de largo plazo de las finanzas del sector público consolidado, en el marco de una ley de responsabilidad fiscal que permita implementar políticas contra cíclicas y establezca normas y penalidades para garantizar su cumplimiento.”

Una vez más, se ha demostrado que nuestro aguerrido pueblo quiere ser protagonista de su historia y hacedor de su bienestar, preservando la paz social y no ser ignorado ni subestimado por los gobernantes. De lo contrario, si se insiste en imponer acciones que le perjudican, entonces el pueblo es capaz de poner en acción sus legítimos derechos a defender su integridad, dignidad y bienestar, mediante los medios que le consagra el estado social democrático y de derecho que, constitucionalmente, rige en la RD. ¡Si así actúa el gobierno, el pueblo le compensa. De lo contrario… le pasará facturas!

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