Santo Domingo.- El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazó, por mayoría de votos, la solicitud de extinción de la acción penal presentada por el procesado Ángel Lockward y otros acusados en el caso que investiga una presunta red que habría defraudado al Estado dominicano con más de RD$19 mil millones mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública.
La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, informó que el tribunal rechazó la solicitud planteada por gran parte de los imputados, quienes buscaban poner fin al proceso sin que se conocieran en juicio los hechos que se les atribuyen.
“La decisión se ha dado por mayoría de votos, entendiendo el tribunal que hay que analizar otros aspectos que van mucho más allá que el simple cómputo matemático de los plazos. Así que estamos listos y preparados para presentar nuestra acusación al regresar en la tarde de hoy”, declaró Ortiz a periodistas durante un receso pasado el mediodía de este lunes.
Explicó que las juezas realizaron un análisis general del caso debido a que las defensas solicitaron la aplicación de una ley derogada que, según su argumento, resultaba más favorable para los acusados.
“Es por eso que el tribunal se tuvo que ver en la necesidad de tener que hacer el análisis; pero, aun así, pese al análisis realizado por el tribunal, entendió la mayoría del tribunal que no aplicaba el análisis de la ley más favorable, sino acoger la ley vigente; y, por tanto, que el proceso se mantenga vivo en los tribunales”, sostuvo.
Ortiz representó al Ministerio Público junto al procurador de corte Héctor García y los fiscales litigantes Miguel Collado, Rosa Ysabel, Miguel Crucey, Rosa Alba García, Jhensy Víctor, Elvira Rodríguez, Arolin Lemos y Melbin Romero.
La decisión fue adoptada por las juezas Leticia Martínez y Evelyn Rodríguez, con el voto disidente de la presidenta del tribunal, Arlin Ventura Jiménez.
Antes de la decisión, Ortiz había cuestionado que las defensas continuaran utilizando la solicitud de extinción de la acción penal como una herramienta procesal para evitar el debate de las pruebas en juicio, “intentando una vez más rehuir al conocimiento del fondo de las acusaciones”.
El juicio continúa esta tarde
El pasado mes de mayo, el Ministerio Público obtuvo apertura a juicio contra 35 de los 40 acusados de corrupción en el expediente que involucra al exministro Ángel Donald Guerrero Ortiz, el abogado Ángel Lockward, el excontralor Daniel Omar de Jesús Camacho Santana, el exdirector del CEA Luis Miguel Piccirillo Mccabe, el director de Catastro Claudio Silver Peña y el exdirector de Casinos Julián Omar Fernández Figueroa.
Mientras tanto, fue apelado el auto de no ha lugar dictado a favor de los exministros José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo Terrero, así como de otros tres acusados, debido a que, según el Ministerio Público, el tribunal incurrió en una errónea apreciación de varias pruebas.
Entre los enviados a juicio también figuran Princesa Alexandra García Medina, Luis Miguel Piccirilo, Yahaira Brito Evangelista, Edwin Oscar Brito, Mabel Mejía, Nathaly Hernández Guzmán, Kimberly Zayas Martínez, Marino Cabrera, Agustín Mejía Ávila, César Santana, Omar Miqui Arias, Claudio Silver Peña, Alejandro Constanzo Sosa, Juan Tomás Polanco Céspedes y Julián Omar Fernández Figueroa.
En el proceso, el Ministerio Público solicitó que todos los procesados fueran enviados a juicio por su presunta participación en un esquema para defraudar al Estado dominicano.
Los acusados fueron arrestados por el Ministerio Público el 18 de marzo de 2023 y, según la acusación, integraban una estructura que habría desviado más de RD$19 mil millones mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y sobornos destinados a financiar la campaña electoral de 2020.
De acuerdo con el expediente, la estructura también habría sustraído recursos correspondientes al pago de deudas a ministerios y establecido un esquema de sobornos relacionado con los juegos de azar regulados por el Ministerio de Hacienda.
Los imputados son procesados por presunta asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno, financiamiento ilícito de campaña y lavado de activos.
